El PATRIMONIO DE MAXIMO crece 75% en un año: ¿puede la función pública generar semejante riqueza?
En un país donde millones ajustan sus gastos para sobrevivir, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró un patrimonio que supera los 8.300 millones de pesos, lo que representa un incremento del 75% respecto al año anterior. La cifra incluye 28 propiedades, 6.5 millones de dólares en efectivo, acciones en empresas familiares y vehículos de alta gama. Según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el salto patrimonial se debe a la revaluación de inmuebles heredados y activos que, en muchos casos, están embargados por causas judiciales.
La explicación oficial apunta a la actualización de valores según la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales. Por ejemplo, un lote en El Calafate pasó de valer $104 millones a $228 millones, y una casa en Río Gallegos duplicó su valor de $22 millones a $48 millones. No se registraron nuevas adquisiciones, pero sí un notable aumento en la cotización de acciones de empresas como Los Sauces y Hotesur, ambas investigadas por presunto lavado de dinero.
Roxana Reyes, diputada de la UCR, fue contundente: “No se le conoce otro trabajo que la función pública. Es fácil comprobar que no ha desempeñado otra función más que la pública, que no enriquece a nadie”. La oposición exige que el Poder Judicial investigue el origen de estos bienes, especialmente considerando que parte del patrimonio podría ser decomisado como parte de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El contraste con la situación económica del país es abismal. Mientras el salario mínimo apenas supera los $250.000, Máximo Kirchner declara más de 2.900 millones de pesos en dólares y acciones por más de 2.600 millones. La mayoría de sus propiedades fueron heredadas o donadas por sus padres, y solo dos fueron adquiridas con fondos propios. En paralelo, Cristina Kirchner declaró un patrimonio de apenas $249 millones, aunque gran parte de sus bienes fueron cedidos a sus hijos en 2016.
Este crecimiento patrimonial también impacta en La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo. El poder económico del dirigente refuerza su influencia interna, pero también genera tensiones con sectores que reclaman mayor transparencia y coherencia con el discurso político. En un contexto donde se promueve la austeridad y el mérito, el caso Kirchner reabre el debate sobre el uso del Estado como vehículo de acumulación patrimonial.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿puede alguien enriquecerse de forma tan exponencial solo desde la función pública? En tiempos donde el liberalismo propone menos Estado, más competencia y más transparencia, este tipo de acumulación sin actividad privada visible refuerza la urgencia de revisar el modelo estatista. Porque si el mérito no cuenta, y la herencia lo es todo, ¿qué mensaje se le da a quienes trabajan, emprenden y pagan impuestos?