El negocio del feminismo: ¿Justicia social o gasto innecesario?
La creación de 24 nuevos juzgados de violencia de género, uno en cada departamento del país, reabrió el debate sobre el gasto público y la eficacia real de este tipo de medidas.
El negocio del feminismo: ¿Justicia social o gasto innecesario?
La expansión impulsada por el gobierno y grupos feministas para crear 24 nuevos juzgados de violencia de género en cada departamento del país es, en apariencia, una medida para proteger a las mujeres. Sin embargo, detrás de esta fachada de justicia social se esconde un problema mucho más grave: el despilfarro sistemático y el uso ineficiente de recursos públicos, que se financiarán con el esfuerzo fiscal de todos los contribuyentes. En lugar de corregir problemas reales y urgentes, el Estado prioriza la creación de tribunales que no resuelven las causas profundas de la violencia, sino que alimentan un circuito burocrático costoso y muchas veces injusto.
Desde una perspectiva liberal, el control del gasto público y su eficiente administración deberían ser prioridades indiscutibles. La libertad individual y la propiedad privada se ven comprometidas cuando el gobierno canaliza fondos hacia emprendimientos que lejos están de atender las verdaderas necesidades de la sociedad. En este caso, establecer juzgados exclusivos para un problema como la violencia de género no logra reducir su incidencia, sino que termina alimentando una burocracia infinita y vulnerable a abusos, como denuncias falsas. Al aumentar la infraestructura judicial sin un análisis riguroso de costo-beneficio, el Estado dilapida recursos que podrían tener un impacto mucho mayor si fueran volcados a servicios esenciales o a fortalecer instituciones con funciones claras y comprobadas.
Además, el círculo vicioso del financiamiento público de ONG feministas y “talleres” que poco contribuyen a la solución efectiva del problema, sino más bien consolidan a verdaderos grupos de presión y corrupción, expone la ineficiencia estatal en su máxima expresión. Lo que debería ser un combate serio contra la violencia se convierte en un negocio oscuro donde la clientela política y la burocracia parasitan los impuestos de los trabajadores. Mientras tanto, temas urgentes como la falta de juzgados en áreas laborales o penales se arrastran, evidenciando que la expansión de estos tribunales es una elección política alejada de la eficacia y la responsabilidad fiscal.
El debate no debería centrarse en negar la existencia de la violencia hacia las mujeres, sino en cómo abordar esta problemática sin transformar la agenda social en un negocio con cargo a los impuestos de todos. La justicia verdadera implica procesos equitativos, independientes de ideologías, y un Estado limitado que no se expanda innecesariamente. En definitiva, es hora de que los argentinos demandemos una administración pública eficiente, que respete la libertad individual y utilice el dinero del contribuyente en políticas que realmente mejoren la calidad de vida y la seguridad de todos, sin caer en modas y agendas clientelares.
La verdadera justicia social se construye cuando el Estado se vuelve austero y eficiente, no cuando multiplica gastos burocráticos y subsidia intereses particulares disfrazados de causas nobles. El camino hacia una sociedad libre y próspera pasa por reducir el tamaño del Estado y dejar espacios para que la iniciativa privada y las organizaciones genuinas asuman un rol protagónico, sin vivir del presupuesto público ni depender de la complicidad política. Solo así podremos erradicar la violencia desde sus raíces, sin que el dinero de todos se pierda en pantallas y negocios sin resultados.