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Control del Mar Argentino frente a la pesca ilegal de buques extranjeros
Nacionales · 6 min

El Gobierno refuerza el control del Mar Argentino y sanciona a un buque portugués por pesca ilegal

Por Redacción Pampa Liberal

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca detectó al buque mediante el Sistema Guardacostas de Prefectura y abrió un expediente bajo la nueva normativa de control pesquero.

El Gobierno nacional volvió a marcar un cambio de criterio en el control de la pesca ilegal dentro del Mar Argentino. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que sancionó al buque de arrastre Coimbra, de bandera portuguesa, luego de detectarlo operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina mediante herramientas de monitoreo electrónico de Prefectura Naval. No se trata solo de una infracción aislada: el caso confirma un nuevo esquema de fiscalización que busca defender recursos naturales, soberanía y capacidad sancionatoria con tecnología, no solo con presencia física en el mar.

El procedimiento se originó el 17 de abril, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional detectó al Coimbra a través del Sistema Guardacostas. Según la comunicación oficial, la embarcación fue registrada dentro de la ZEE argentina con patrones compatibles con actividad pesquera no autorizada. A partir de esa detección, se abrió un expediente con peso sancionatorio bajo el nuevo marco dispuesto por la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

La clave de la medida está precisamente en esa disposición. Hasta hace poco, buena parte del control pesquero dependía de la presencia física, de patrullajes y de procedimientos directos sobre el buque. Eso sigue siendo importante, pero el nuevo esquema incorpora un cambio decisivo: cuando un buque extranjero se encuentra dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, navega a menos de seis nudos y ejecuta trayectorias, cambios de rumbo o patrones compatibles con maniobras pesqueras, esa conducta puede ser considerada actividad de pesca o tarea de pesca a los fines de la fiscalización.

Dicho de manera simple: el Estado ya no necesita esperar a encontrar el buque con las redes en la mano para actuar. Si la tecnología permite registrar con precisión una maniobra compatible con pesca ilegal, esa evidencia puede sostener un expediente sancionatorio. Es un cambio fuerte, porque transforma información electrónica en prueba útil para castigar conductas que antes muchas veces quedaban atrapadas en la dificultad de controlar físicamente una frontera marítima enorme.

Ese punto es central para entender la importancia del caso. Argentina tiene derechos soberanos sobre los recursos vivos marinos dentro de su Zona Económica Exclusiva, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la legislación pesquera nacional. La Disposición 20/2026 se apoya justamente en ese marco para reforzar la capacidad de fiscalización y sanción frente a buques extranjeros que ingresen o realicen maniobras sospechosas en aguas bajo jurisdicción argentina.

La lectura política es clara: un Estado más chico no tiene por qué ser un Estado bobo. La discusión liberal no consiste en desmantelar las funciones esenciales del Estado, sino en sacar al Estado de donde asfixia y fortalecerlo donde debe estar: seguridad, fronteras, defensa de recursos, cumplimiento de la ley y protección de la propiedad común de los argentinos. En este caso, el Gobierno muestra una lógica distinta: menos burocracia inútil y más control inteligente sobre un área estratégica.

El Mar Argentino no es una postal. Es una fuente de riqueza, empleo, divisas y recursos naturales. Cada buque extranjero que pesca ilegalmente dentro de la ZEE no está cometiendo una picardía menor: está extrayendo valor de una zona donde Argentina tiene derechos de administración, conservación y explotación. El daño no es solo ambiental o productivo; también es económico e institucional. Si no hay control efectivo, la soberanía queda reducida a una consigna vacía.

El caso del Coimbra además no aparece en el vacío. En marzo, el Gobierno ya había hecho efectivo el cobro de una multa de $1.260 millones al buque extranjero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, también detectado electrónicamente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Ese antecedente fue presentado por la Secretaría de Agricultura como parte del mismo “nuevo paradigma” de control pesquero nacional.

La continuidad entre ambos casos importa. Si el sistema sanciona una vez, puede ser un gesto. Si empieza a sancionar de manera consistente, puede convertirse en disuasión. La pesca ilegal muchas veces se sostiene sobre una apuesta simple: entrar, extraer, escapar y asumir que el costo de ser detectado es bajo. Si Argentina logra elevar ese costo con monitoreo electrónico, expedientes rápidos y multas efectivas, el incentivo cambia. Y cuando cambian los incentivos, cambia también la conducta de quienes operan al límite de la legalidad.

Por supuesto, no conviene vender esto como si resolviera de un día para otro todos los problemas del Atlántico Sur. La pesca ilegal es un fenómeno complejo, con flotas internacionales, intereses económicos enormes y una frontera marítima difícil de custodiar. Un sistema electrónico no reemplaza por completo a la presencia naval, aérea o satelital, ni elimina la necesidad de inversión sostenida en control marítimo. Pero sí aporta algo decisivo: capacidad de detección, documentación y sanción sin depender exclusivamente de interceptar físicamente al infractor.

Ese es el avance real. La Argentina empieza a usar mejor las herramientas disponibles para defender lo suyo. No alcanza con declamar soberanía cada 2 de abril, ni con discursos altisonantes sobre los recursos naturales. La soberanía se ejerce con reglas, tecnología, control, sanciones y voluntad política de hacerlas cumplir. En ese sentido, la sanción al Coimbra es una señal concreta: el que pesca ilegalmente en aguas argentinas tiene que saber que puede ser detectado, documentado y castigado.

También hay una enseñanza institucional. Durante años, el Estado argentino fue fuerte para trabar al productor local, para multiplicar permisos, para imponer burocracia y para perseguir al que invierte. Pero muchas veces fue débil donde debía ser firme: fronteras, recursos estratégicos, seguridad y control real de actividades ilegales. La sanción a un buque extranjero por pesca ilegal muestra una inversión sana de prioridades. No se trata de más Estado por reflejo. Se trata de mejor Estado donde corresponde.

La defensa del Mar Argentino necesita justamente eso: menos relato y más capacidad. Menos papeles para complicar al que trabaja en regla y más herramientas para castigar al que depreda ilegalmente. Si el Gobierno logra sostener este criterio, el nuevo esquema puede convertirse en una política seria de protección de recursos y soberanía práctica. Porque cuidar el mar no es hacer discursos. Es detectar, probar, sancionar y cobrar. Ahí empieza la diferencia entre un Estado decorativo y un Estado que hace valer la ley.

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