Educación en crisis: solo el 20% aprueba el sistema y el resto acumula razones

Cada 24 de enero, el Día Internacional de la Educación recuerda una obviedad que, en Argentina, ya no alcanza con repetir: sin escuela no hay futuro posible. Pero la conmemoración llega atravesada por un clima social que no acompaña ningún brindis. Los números son elocuentes: según el Monitor de Educación 2025 de Ipsos, apenas el 20% de la ciudadanía considera “bueno” al sistema educativo, mientras que un 43% lo califica como “malo”. El dato no solo duele: desnuda una crisis que se volvió costumbre.

El problema no es el acceso. La escolaridad es prácticamente universal y, sin embargo, la escuela no siempre logra garantizar lo elemental: aprendizajes sólidos y trayectorias completas. La discusión ya no es si los chicos entran, sino qué pasa mientras están adentro y qué se llevan cuando egresan. En ese punto, el sistema muestra grietas que no se tapan con discursos.

Uno de los indicadores más preocupantes aparece en Matemática. Entre quienes logran terminar la secundaria, solo 3 de cada 10 alcanzan resultados satisfactorios. Es decir: se consigue el título, pero no siempre el conocimiento mínimo para defenderse en la vida adulta. Y eso no es un detalle técnico: es una forma silenciosa de desigualdad, porque quienes pueden pagar apoyo o compensar por fuera del aula lo hacen, y quienes no, quedan con la deuda.

La pandemia profundizó esa fragilidad. La interrupción de la presencialidad dejó secuelas que todavía se sienten: se estima que más de un millón de estudiantes abandonaron la escuela en ese período. Detrás del número hay historias concretas: chicos que perdieron rutinas, contención, vínculos y, en muchos casos, el último lugar donde el Estado los veía todos los días. Recuperar esas trayectorias no es solo “volver a clases”: es reconstruir confianza, hábitos y perspectivas.

La percepción social también identifica un núcleo de problemas que se repite hace años. Se señala la falta de financiamiento público (43%), la desactualización de los planes de estudio (37%) y la falta de capacidades adecuadas en parte del plantel docente (30%). Más allá de porcentajes, el punto central es que el modelo actual parece no premiar resultados ni corregir fallas a tiempo. Se invierten recursos, pero muchas veces sin métricas claras, sin auditorías visibles y con una burocracia que termina consumiendo energía que debería ir al aula.

Como si lo académico fuera poco, la convivencia escolar se convirtió en un frente crítico. Un 43% de los jóvenes reporta hostigamiento y presión entre pares; también aparecen con fuerza las preocupaciones por salud mental (37%) y pobreza (30%). En ese contexto, aprender deja de ser la prioridad porque, para muchos, la prioridad es sobrevivir al día a día. Una escuela que no puede garantizar un ambiente de respeto y cuidado se convierte en un lugar donde el aprendizaje se vuelve cuesta arriba, aunque el programa sea excelente.

A este escenario se suma un debate que divide: la Inteligencia Artificial en las aulas. Hay quienes piden prohibirla (34%) y quienes rechazan esa idea (38%). Pero el dilema real no es tecnológico: es de reglas e incentivos. La IA puede ser una herramienta útil si se integra con criterios, formación docente y objetivos pedagógicos; o puede convertirse en un atajo que reemplaza el pensamiento si nadie ordena su uso. Prohibir por reflejo es tan improductivo como habilitar sin controles.

En este punto aparece una discusión inevitable: si el sistema no está logrando mejorar, ¿vale la pena seguir financiándolo de la misma manera? Desde una mirada liberal, el problema de fondo es que el esquema actual tiende a sostener estructuras, no necesariamente resultados. Por eso, cada vez gana más espacio una alternativa para debatir: un voucher universal (o “boleto educativo”) que financie a la demanda y no a la oferta. Es decir, que el dinero siga al estudiante y que las escuelas —estatales, privadas o de gestión social— compitan por matrícula en base a calidad, proyecto, resultados y capacidad de retener a sus alumnos.

La idea no implica abandonar al que menos tiene; al contrario, busca cambiar el incentivo: si una escuela no enseña, pierde alumnos y pierde recursos, y eso obliga a mejorar o reestructurarse. Para que funcione, el voucher debería venir acompañado de condiciones claras: información pública y comparable sobre desempeño, auditorías, estándares mínimos, y mecanismos para evitar que la competencia se traduzca en selección o expulsión encubierta de estudiantes con más dificultades. La competencia sin reglas puede generar abusos; el estatismo sin control ya demostró su inercia. La clave es discutir cómo diseñar un sistema que premie resultados sin dejar gente afuera.

La crisis educativa argentina no se explica por una sola causa ni se resuelve con un eslogan. Se resuelve con reformas que alineen incentivos, fortalezcan la enseñanza básica, respalden a los docentes, pongan la convivencia y la salud mental en el centro, y hagan transparente qué funciona y qué no. El Día Internacional de la Educación no debería ser una fecha para repetir frases lindas: debería ser un recordatorio de que, sin cambios reales, el país seguirá graduando títulos que no siempre garantizan aprendizajes. Y esa es una deuda demasiado cara para seguir pateándola.