Del aula a la mordaza digital: cómo UTELPa busca apagar voces incómodas

La reciente reunión entre la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) y el Ministerio de Educación provincial podría pasar desapercibida entre los partes institucionales. Sin embargo, bajo el título técnico de “actualización de la Guía Provincial de Orientaciones para Situaciones Conflictivas en las Escuelas”, se esconde una propuesta que merece ser analizada con lupa.

El objetivo declarado es “fortalecer la convivencia escolar” frente al auge de los conflictos que se trasladan del aula a las redes sociales. Pero más allá de esa formulación amable, hay sectores que ven una intención alarmante: avanzar en mecanismos que restrinjan la libertad de expresión, especialmente cuando esas expresiones surgen de estudiantes, familias o ciudadanos que cuestionan prácticas docentes o lineamientos ideológicos dentro de las aulas.

UTELPa sostiene que ciertos comentarios en redes deben considerarse “formas de violencia simbólica” y que deben estar sujetos a regulación institucional. ¿Pero quién decide qué es violencia y qué es crítica legítima? ¿Se intenta proteger a la comunidad educativa o blindarla ante cualquier disenso? Estas preguntas no son meramente teóricas: son el corazón del debate en una democracia sana.

Un ejemplo elocuente de por qué este tipo de iniciativas merece una mirada crítica es el caso de la joven judía que denunció públicamente el sesgo antisemita de su profesora. Fue gracias a las redes sociales que el caso tuvo repercusión nacional. Si el escenario que UTELPa plantea hubiera estado vigente, ¿habría tenido ella derecho a exponer su situación sin ser acusada de “violencia digital”? ¿Habría prosperado la visibilidad del hecho o se habría silenciado en nombre del “bienestar institucional”?

Las redes sociales son herramientas imperfectas, pero han permitido que estudiantes, familias y ciudadanos accedan a una esfera de visibilidad antes monopolizada por autoridades escolares y estructuras partidarias. Callar esas voces bajo la excusa de una supuesta “convivencia” puede abrir la puerta a una mordaza institucional, sobre todo si no se establecen límites claros entre regulación y censura.

Nadie defiende el discurso del odio. Pero equiparar críticas a posturas ideológicas con ataques personales es una pendiente peligrosa. Lo que está en juego no es la “armonía escolar”, sino el derecho ciudadano a observar, opinar y —si es necesario— denunciar. Eso incluye a docentes, pero también a quienes sienten que sus derechos no son respetados dentro del sistema educativo.

Si de verdad queremos escuelas más democráticas, debemos partir de un principio: el disenso no es violencia, es ciudadanía activa. Y la defensa de la libertad de expresión —aunque molesta, incómoda o incluso radical— es parte vital de cualquier proyecto liberal que se precie de tal.