Cuando legislar es una excusa para esconderse: bajo la excusa de “regular”, Tanti prohibió filmar sesiones públicas

El Concejo Deliberante de Tanti aprobó la Ordenanza 1.542/25 y cruzó un límite institucional que debería alarmar a cualquier ciudadano: prohibió y condicionó severamente la filmación y el registro de sus sesiones públicas. La medida, presentada bajo la fachada de una supuesta “regulación”, constituye en los hechos un acto de censura previa y un retroceso directo en materia de transparencia democrática.

La norma fue impulsada por la concejal Rosario Álvarez y establece requisitos arbitrarios para el uso de imágenes, recortando la autonomía de periodistas y vecinos. El mensaje es inequívoco: el poder político local pretende decidir qué se puede mostrar y qué no de los actos públicos. En democracia, eso no es orden; es control.

La gravedad del asunto no se limita a los medios de comunicación. Cualquier vecino con un celular queda ahora bajo restricciones para registrar debates que, por definición, son públicos. Es decir, se limita el derecho a mirar y a informar. Organizaciones especializadas como FOPEA advirtieron que este tipo de normas vulneran derechos constitucionales y contradicen estándares básicos de libertad de expresión y de prensa.

El conflicto escaló cuando Álvarez envió una carta documento intimidatoria a Cristina Coudray, responsable del medio local El Diarito de Tanti, por publicar fragmentos de una sesión legislativa. La periodista, de 79 años, fue amenazada con acciones legales por difundir material de una reunión pública. El hecho expone con crudeza el objetivo real de la ordenanza: disciplinar la mirada ajena.

Desde la oposición, el referente local de La Libertad Avanza, Maximiliano Stroppa, cuestionó duramente la medida y el hostigamiento a la prensa. “Cuando quienes gobiernan empiezan a regular la mirada ajena, dejan de rendir cuentas y comienzan a protegerse a sí mismos”, señaló. En democracia, recordó, el cargo no otorga control sobre la información; impone mayor responsabilidad frente a la ciudadanía.

El trasfondo del caso es más amplio y preocupante. En pequeñas localidades, donde los controles sociales son más frágiles, la tentación de silenciar crece. En lugar de garantizar la transmisión completa y libre de las sesiones, el Concejo eligió limitar, condicionar y amedrentar. Además, el dato de que la autora de la ordenanza sea pareja del secretario de Gobierno añade una capa de sospecha sobre la motivación real de la norma.

La libertad de expresión no es un privilegio de periodistas ni una concesión del poder. Es una condición básica para el control ciudadano. Legislar para decidir cómo se debe informar sobre asuntos públicos implica avanzar hacia un silenciamiento forzado. Cuando el poder le teme a la cámara, no busca orden: busca impunidad.

En Tanti, bajo la excusa de “regular”, se intentó esconder. Y cuando legislar se usa para ocultar, lo que está en juego no es una ordenanza, sino la salud democrática de toda la comunidad.