Condenan a dos empleadas públicas por fraude: rechazaron alegatos de incapacidad

Dos empleadas públicas de La Pampa fueron condenadas por fraude a la administración pública, tras haber utilizado órdenes de compra oficiales para adquirir productos que nunca fueron entregados a sus destinos institucionales. El fallo, dictado por el juez Carlos Besi, alcanzó a Denise Santana y Paula Weigel, quienes trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social. La maniobra involucró más de $420.000 en compras realizadas entre 2021 y 2022, principalmente en comercios de Santa Rosa.

Durante el juicio, la defensa de Santana intentó justificar su accionar alegando que padecía un trastorno límite de personalidad, lo que —según su abogada— afectaba su estabilidad emocional, su capacidad para tolerar la frustración y la volvía fácilmente influenciable. Se planteó que estas características reducían su responsabilidad penal.

No obstante, el juez Carlos Besi desestimó ese argumento. Aunque se reconocieron ciertas vulnerabilidades psicológicas en Santana, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para afirmar que esas condiciones le impedían comprender la ilegalidad de sus actos. Además, se remarcó que ninguna persona que la atendió en los comercios notó comportamientos que indicaran pérdida de control o incapacidad para decidir por sí misma.

Como resultado, Santana fue condenada a un año de prisión condicional, mientras que Weigel recibió una pena de un año y dos meses, también condicional. A ambas se les impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El delito de estafa fue descartado, pero se confirmó el fraude a la administración pública.

Este fallo reafirma el principio de responsabilidad individual en el ejercicio de funciones estatales. La Justicia dejó en claro que, incluso ante situaciones personales complejas, los actos que perjudican al patrimonio público deben ser sancionados, especialmente cuando se trata de personas que ocupan cargos de confianza.