Concejales de La Adela exigen explicaciones a Moro por ocultar un juicio laboral millonario

La política de La Adela quedó sacudida este lunes cuando los concejales del FreJuPa, Erminda Birge y Carlos Pereyra, presentaron un pedido de informes para exigir al intendente Federico Moro que explique por qué el Concejo Deliberante no fue notificado de un juicio laboral que podría derivar en un impacto millonario para las finanzas municipales.

El dato que disparó la polémica no es menor:
el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa decidió trasladarse personalmente a La Adela el próximo 12 de diciembre para tomar audiencias testimoniales, algo inédito en la historia institucional de la localidad. Que el máximo tribunal provincial intervenga de manera directa revela que el conflicto no es administrativo: es estructural.

Según los concejales, la demanda —expediente 185.182— fue iniciada por un trabajador que habría prestado servicios para el municipio y cuya relación habría sido interrumpida de manera abrupta durante la gestión de Moro. El trabajador reclama reconocimiento laboral, diferencias salariales, actualizaciones e intereses.

La acusación central del bloque opositor es contundente:
el Concejo Deliberante tomó conocimiento del conflicto a través de los medios y no por los canales institucionales, pese a que la Constitución Provincial exige que toda cuestión que comprometa recursos municipales sea informada al órgano de control.

Los ediles ven aquí una omisión grave, incompatible con la transparencia que exige la administración pública.

El pedido de informes obliga a Moro a responder, en un plazo de siete días hábiles:

1. Por qué cortó la relación con el trabajador sin evaluar el riesgo judicial.
2. Por qué no informó la existencia de la demanda al Concejo.
3. Cuándo tomó conocimiento del juicio.
4. Qué evaluación de riesgos se realizó antes de tomar la decisión.
5. Cuál es la estrategia jurídica del municipio y quién la conduce.
6. Cuál sería el costo potencial para los contribuyentes en caso de condena.
7. Cuántos casos similares existen que puedan derivar en nuevos juicios.

Para los concejales, la omisión informativa es tan grave como la eventual condena económica: “Una gestión que oculta juicios compromete a toda la comunidad sin que nadie pueda fiscalizar a tiempo”, afirmaron.

El FreJuPa también cuestionó que la actual gestión haya declarado la emergencia administrativa —votada solo por el oficialismo— sin haber informado previamente la existencia de pasivos judiciales de esta magnitud. Según Birge y Pereyra, si no fuera por los medios “el Concejo no se enteraría de los conflictos que enfrenta el municipio”.

El pedido también exige, en un plazo de 15 días, que Moro presente:

• un listado completo de juicios y reclamos administrativos,
• los trabajadores con tareas sin relación registrada,
• el monto total de contingencias judiciales,
• y las previsiones presupuestarias para enfrentar eventuales sentencias.

Además de exigir respuestas al intendente, los concejales remitieron la situación al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que evalúen posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.

En caso de que Moro no responda el pedido de informes, el Concejo anticipó que podría aplicar “las medidas institucionales correspondientes”, un eufemismo que deja abierta la puerta a sanciones políticas más severas.

Lo que sucede en La Adela no es un expediente más. Es un test institucional sobre:

• la transparencia de la gestión,
• la responsabilidad patrimonial del intendente,
• y el derecho del Concejo a conocer todos los pasivos que pueden comprometer al municipio.

Y es, sobre todo, un recordatorio de que ocultar información —si esto se confirma— no es solo un error político: es una amenaza directa al control republicano.