Cloacas, reclamos y fuego cruzado: Intronati expone la interna peronista en La Pampa
La polémica por el sistema cloacal en Santa Rosa volvió a encender la interna del peronismo pampeano. El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, respondió con dureza al reclamo realizado por la Municipalidad capitalina, que denunció fallas en la Estación de Bombeo Cloacal N.º 1. Lo hizo a través de declaraciones públicas, en las que expresó su “sorpresa” por haberse enterado del reclamo “por los diarios”, sin que la Administración Provincial del Agua (APA) recibiera notificación formal alguna. La obra, ejecutada por la Provincia a pedido del municipio, se encuentra en período de garantía y con ajustes funcionales pendientes, según consta en el acta de recepción provisoria firmada en enero de 20252.
Intronati fue claro: “Hasta ahora es solo un reclamo mediático”. Aseguró que la mayoría de las tareas exigidas por el municipio no forman parte del contrato original ni del pliego de licitación, por lo que deberían ser objeto de una nueva obra. Además, recordó que la intervención se realizó sin interrumpir el servicio cloacal, en coordinación con personal municipal, y que la operación del sistema sigue siendo responsabilidad exclusiva del municipio. La APA, por su parte, ratificó que la obra fue aprobada técnicamente por Santa Rosa y ejecutada bajo el marco legal de emergencia sanitaria vigente.
El trasfondo político no pasó desapercibido. La mediatización del conflicto, sin diálogo previo, expuso tensiones latentes entre el intendente Luciano di Nápoli y el gobernador Sergio Ziliotto, ambos del mismo espacio político. Intronati, alineado con la gestión provincial, subrayó que desde 2020 se han financiado 29 obras de saneamiento urbano en Santa Rosa por más de $27 mil millones, y que la Provincia seguirá invirtiendo con recursos propios en infraestructura prioritaria. “La salud y la seguridad demandan obras costosas que llevan tiempo. De esas se está ocupando la Provincia”, afirmó el ministro.
Este episodio revela algo más profundo que una falla técnica: la fragilidad de los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, y cómo la burocracia estatal puede convertirse en obstáculo cuando se politiza la gestión. En lugar de resolver el problema con eficiencia y diálogo, se expone públicamente una disputa que debería haberse canalizado institucionalmente. Desde una mirada liberal, este tipo de conflictos refuerzan la necesidad de repensar el rol del Estado: menos fragmentación, más transparencia, y sobre todo, más autonomía municipal para gestionar sin depender de estructuras que responden a intereses partidarios. Porque cuando la infraestructura se convierte en campo de batalla, los únicos que pierden son los vecinos.
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