Choferes de Uber se manifiestan en Santa Rosa
Un grupo de conductores reclamó la posibilidad de trabajar con la aplicación sin depender de licencias oficiales, en un sistema de taxis que no otorga permisos nuevos desde 2022.
Un grupo de conductores de Uber volvió a manifestarse en Santa Rosa exigiendo lo que debería ser básico en cualquier sociedad libre: el derecho a trabajar sin pedir permiso al Estado. Piden poder usar sus autos, prestar un servicio que los usuarios eligen todos los días, y ganarse la vida sin depender de licencias, sorteos ni favoritismos.
Pero en la capital pampeana, la libertad laboral choca de frente con un sistema diseñado para controlar. Controlar quién trabaja, quién accede a una licencia y quién queda afuera. Mientras plataformas como Uber crecen en todo el país, en Santa Rosa la Municipalidad no otorgó ni una sola nueva licencia de taxi en 2023/2024. El último llamado público fue en septiembre de 2022, y desde entonces, silencio.
El modelo vigente está regulado por la Ordenanza 4226/2010, que establece cupos rígidos:
- 50% de licencias para choferes con más de 4 años de antigüedad.
- 40% para “grupos especiales” definidos por el Ejecutivo (género/diversidad, discapacidad, economía popular).
- Solo el 10% para el público en general.
La adjudicación se realiza mediante sorteo público y escritura ante escribano, lo cual garantiza una formalidad transparente, pero no necesariamente igualdad de oportunidades. En los hechos, el sistema premia militancia, pertenencia ideológica o vínculos con el poder, disfrazado de “inclusión”.
En 2022 se otorgaron 12 licencias:
- 6 para choferes con antigüedad.
- 2 para género/diversidad.
- 1 para discapacidad.
- 1 para economía popular.
- Solo 2 para el público en general.
Es decir, el 83% de las licencias quedó entre cupos cerrados. En 2023, no se entregó ninguna nueva, a pesar del crecimiento de la ciudad y el aumento de la demanda.
Aunque no hay denuncias formales, la lógica del sistema deja afuera a cualquier vecino sin apellidos políticos, sin sellos de minoría, y sin contactos. Uber, en cambio, no le pregunta a nadie de qué grupo venís. Solo si cumplís con la ley y prestás un buen servicio.
Mientras Uber crece como una opción moderna, eficiente y segura, el municipio prefiere defender el monopolio de los taxis. No amplía cupos, no actualiza normativas, no habilita alternativas. La respuesta institucional ha sido la omisión, la amenaza y el discurso gremial. El “progresismo” municipal, en lugar de abrir oportunidades, se encierra en un modelo anacrónico donde el poder político reparte trabajo como si fueran dádivas.
El sistema de transporte no necesita más cupos ni sorteos. Necesita competencia, meritocracia, innovación. Necesita que el vecino pueda elegir, y que el trabajador pueda entrar sin tener que mendigarle una licencia al Estado.
Uber no es el problema. El problema es un modelo que decide quién puede trabajar y quién no.
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