El Gobierno busca terminar con la equiparación laboral entre presos y trabajadores libres

El Gobierno nacional avanzará en una reforma del régimen laboral dentro de las cárceles con el objetivo de terminar con una situación que durante años generó fuertes controversias jurídicas y políticas: la equiparación entre el trabajo de los presos y el empleo formal del mercado laboral.

La iniciativa se enmarca dentro de la reciente Ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso y establece de manera explícita que las personas privadas de libertad no estarán alcanzadas por las disposiciones del régimen laboral común. Con esta definición, el Ejecutivo busca cerrar un ciclo de interpretaciones judiciales que en los últimos años extendieron beneficios propios de la Ley de Contrato de Trabajo al ámbito penitenciario.

El debate tiene antecedentes relevantes. A partir de fallos judiciales emitidos durante la última década, distintos tribunales comenzaron a reconocer derechos laborales a internos que realizaban tareas dentro de unidades penitenciarias. En algunos casos, estas resoluciones obligaron al Estado a pagar aguinaldo, vacaciones, jornadas completas de ocho horas e incluso salarios vinculados al Salario Mínimo Vital y Móvil, aun cuando las condiciones del trabajo intramuros no se correspondían con las del mercado laboral formal.

Uno de los antecedentes más citados se remonta a 2014, cuando la Cámara Federal de Casación Penal resolvió equiparar las condiciones laborales de internos con las de trabajadores libres. Posteriormente, en 2021, la Corte Suprema dejó firme otro fallo que consolidó esa interpretación al rechazar un recurso presentado por el Servicio Penitenciario Federal en un caso impulsado por internas de la Unidad 13 de La Pampa.

Desde entonces, el Ente de Cooperación Penitenciario (EnCoPe), organismo encargado de administrar el trabajo dentro de las cárceles federales, debió ajustar liquidaciones y condiciones laborales a parámetros similares a los del empleo formal. Esto implicó, en algunos casos, el pago de salarios completos incluso cuando la carga efectiva de tareas era menor o cuando el trabajo tenía una finalidad estrictamente formativa.

En la Casa Rosada sostienen que ese esquema desvirtuó el sentido original del trabajo penitenciario. La lógica del sistema carcelario, explican fuentes oficiales, nunca fue replicar el funcionamiento del mercado laboral, sino ofrecer herramientas de capacitación, disciplina y reinserción social para personas privadas de libertad.

La nueva reglamentación buscará restablecer ese principio. El trabajo dentro de las cárceles seguirá existiendo y continuará contemplando una contraprestación económica, pero ya no se regirá por las normas del régimen laboral general. En otras palabras, el trabajo intramuros volverá a tener un carácter específico dentro del sistema penitenciario, separado de la legislación laboral común.

Para avanzar en ese cambio, la reforma incluyó además la derogación de dos artículos de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena que vinculaban el trabajo de los internos con el régimen laboral general. Según trascendió, la redacción de la norma fue diseñada cuidadosamente para evitar futuras impugnaciones judiciales que pudieran reinstalar el debate.

La iniciativa comenzó a gestarse durante la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y ahora será profundizada por su sucesora Alejandra Monteoliva, quien deberá avanzar en la reglamentación específica que redefina los derechos y obligaciones dentro del sistema penitenciario.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo central es corregir lo que consideran una distorsión jurídica acumulada durante años de inacción legislativa. La nueva regulación, aseguran, permitirá volver a diferenciar claramente entre el trabajo de una persona privada de libertad y el empleo formal en el mercado laboral.

En esa línea, el Ejecutivo considera que la reforma apunta a restablecer un criterio básico del sistema penal: el trabajo en prisión debe ser una herramienta de formación y reinserción, no una extensión automática de los derechos laborales propios de quienes se encuentran en libertad.

Con la base legal ya establecida, el Ministerio de Seguridad avanzará ahora en la reglamentación final del esquema. Allí se definirán los parámetros concretos del nuevo régimen penitenciario, que buscará equilibrar la función resocializadora del trabajo con una diferenciación clara respecto del sistema laboral vigente fuera de las cárceles.