Quinteros confirmó el apoyo de Córdoba a la baja de imputabilidad: “hay que dar la discusión”

Mientras el Congreso abre el período de sesiones extraordinarias y vuelve a poner sobre la mesa la reforma del régimen penal juvenil, Córdoba decidió pararse del lado de los que quieren terminar con la puerta giratoria. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la provincia respaldará el proyecto nacional para bajar la edad de imputabilidad y fue directo: “esta es una discusión que hay que dar”. En criollo: basta de mirar para otro lado mientras la calle se incendia.

La iniciativa busca modificar un marco legal que, para buena parte de la sociedad, ya quedó viejo frente a una realidad que cambió. No se trata de un debate abstracto ni académico. Se trata de qué hace el Estado cuando menores participan en delitos graves y el sistema, en la práctica, queda sin herramientas efectivas para prevenir, detener y sancionar con rapidez. Córdoba sostiene que hoy el esquema funciona como un incentivo perverso: si la ley no actúa, el delito se profesionaliza temprano.

El proyecto, conocido como nueva Ley Penal Juvenil, viene empujado desde Nación con respaldo político en Diputados y con un dictamen previo que consiguió una cantidad importante de firmas. La discusión, además, llega con un contexto que le agrega presión: la inseguridad dejó de ser un tema “de campaña” para convertirse en un problema cotidiano, en especial en centros urbanos donde el delito violento se volvió más frecuente y más impune.

Desde la perspectiva del gobierno cordobés, el punto es simple: no puede ser que la fecha de nacimiento funcione como escudo automático frente a hechos delictivos. Quinteros planteó que se necesitan herramientas jurídicas claras para respaldar el trabajo policial y evitar que los casos terminen en nada por vacíos normativos o por un garantismo que, en la práctica, termina garantizando la continuidad del delito.

En esa línea, el ministro citó relevamientos de la propia cartera de Seguridad de Córdoba que muestran una presencia significativa de menores en hechos delictivos. La discusión sobre números puede variar por jurisdicción y por tipo de delito, pero el mensaje político apunta a lo mismo: el Estado no puede hacerse el distraído cuando el fenómeno existe, crece y golpea a los mismos de siempre: los ciudadanos que salen a trabajar, estudian, pagan impuestos y viven con miedo.

Los defensores de la reforma sostienen que bajar la imputabilidad no es “criminalizar por deporte”, sino reconocer una realidad y fijar consecuencias claras, con plazos y penas que el sistema pueda aplicar sin eternizar causas. La idea, dicen, es recuperar autoridad, disuadir y cortar la carrera delictiva antes de que sea irreversible. Y también mandar una señal: el delito no puede ser una apuesta de bajo costo.

Del otro lado, como siempre, aparece la respuesta automática: que el problema es solo social, que la solución es solo contención y que cualquier ajuste legal es “mano dura”. Pero ese discurso choca con una evidencia diaria: sin ley, sin consecuencias y sin cárceles que funcionen, la contención queda en folleto. Si el Estado quiere ayudar, que ayude; pero si el Estado quiere proteger, que proteja. Y cuando no hace ni una cosa ni la otra, el resultado es impunidad.

Que Córdoba se sume al impulso nacional busca sumar músculo político a una reforma que necesita votos y quórum. El respaldo de legisladores alineados con el gobernador Llaryora puede ser determinante para destrabar el tema en el recinto. Y, si avanza, el debate quedará planteado sin maquillaje: o se actualiza el régimen penal juvenil para responder a la realidad, o se mantiene un sistema que, para muchos, ya demostró que no alcanza.