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Juan Grabois, dirigente social investigado por la usurpación del Instituto Juan Domingo Perón
La Pampa · 3 min

Grabois acorralado: la Justicia ordena abrir su celular en causa de usurpación

Por Redacción Pampa Liberal

El juez Sebastián Ramos y la Cámara Federal de Apelaciones avanzan en la investigación por la ocupación ilegal del instituto, mientras la ministra Sandra Pettovello respalda el proceso judicial.

La reciente decisión judicial que obliga a Juan Grabois a entregar su celular en la causa por usurpación marca un hito importante en la lucha por la vigencia del Estado de derecho en Argentina. Después de múltiples maniobras dilatorias y un entramado de recursos legales para evadir la justicia, el dirigente kirchnerista se encuentra cada vez más acorralado, mientras la investigación avanza firme y sin concesiones. Este avance no solo pone en evidencia la responsabilidad de quienes instigaron la ocupación ilegal del Instituto Juan Domingo Perón, sino también revela una grieta insalvable en el discurso político de la vieja guardia peronista.

El fallo que rechazó el recurso extraordinario presentado por Grabois es un triunfo de la justicia sobre el clientelismo y la impunidad que muchas veces garantizan ciertos actores políticos. El juez Sebastián Ramos y la Cámara Federal de Apelaciones mantuvieron su postura con coherencia y sin ceder a presiones, despejando el camino para esclarecer las responsabilidades en una causa que involucra actos graves de violencia e ilegalidad. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, representante del gobierno de Javier Milei, respaldó esta investigación, alzando la voz a favor del orden jurídico y de la autoridad legítima frente a quienes pretenden imponer sus intereses a través de la fuerza y la ocupación.

Este episodio desnuda el doble discurso kirchnerista: mientras proclaman defender la legalidad, sus referentes principales, como Grabois, hacen justamente lo contrario, vulnerando la propiedad privada y la libre convivencia ciudadana. En contraste con esa lógica estatista y corrupta, el gobierno de Milei se posiciona como el verdadero garante de la justicia, el libre mercado y el respeto a las instituciones. La apertura del celular de Grabois no solo busca una prueba técnica en la causa, sino que simboliza la demanda urgente de transparencia y responsabilidad política que los argentinos esperan para superar décadas de impunidad y manipulación.

La justicia no debe convertirse nunca en un escaparate para detener procesos legítimos a favor de intereses políticos ni para preservar inmunidades prebendarias. La postura firme del tribunal y el apoyo del Ejecutivo a estas medidas muestran la diferencia fundamental entre un gobierno que apuesta a la eficiencia estatal y la legalidad frente a uno que la paraliza para proteger a sus cuadros. Que Grabois intente ahora acogerse a una posible inmunidad parlamentaria no debe distraernos del hecho principal: la justicia avanza y la ley debe ser igual para todos, sin privilegios ni excepciones.

Este caso es un llamado a la reflexión profunda para nuestra sociedad. El liberalismo clásico propone un Estado limitado que defienda la propiedad privada, garantice la libertad individual y fomente la responsabilidad personal. Solo desde esa visión es posible construir una Argentina próspera y justa, donde nadie esté por encima de la ley y donde la legalidad se convierta en la base para el desarrollo y la convivencia. El camino que está marcando este gobierno y esta justicia es, sin dudas, el de la recuperación definitiva del orden y la transparencia que nuestro país necesita con urgencia.

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