ARCA volvió a denunciar a la AFA por facturas truchas y un perjuicio fiscal de más de $375 millones

La intocabilidad del fútbol argentino volvió a crujir. El Gobierno nacional, a través de Agencia de Recaudación y Control Aduanero, presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades fiscales vinculadas a transferencias de dinero sin respaldo contable y el uso de facturas apócrifas. El perjuicio estimado supera los $375 millones, aunque no se descarta que la cifra crezca a medida que avance la investigación.

Según fuentes oficiales y judiciales, la presentación surge de tareas de fiscalización exhaustivas realizadas por ARCA, que detectaron salidas de fondos sin documentación válida. De acuerdo con la acusación, estas maniobras habrían servido para ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control del sistema tributario. El expediente abarca operaciones realizadas entre marzo de 2023 y junio de 2025.

Desde el Ejecutivo fueron claros: no se trata de una ampliación, sino de una denuncia nueva. El mensaje político es explícito: la ofensiva judicial contra la conducción de la AFA se profundiza. En el centro de la escena vuelve a quedar su presidente, Claudio Tapia, cuya gestión acumula cuestionamientos por la opacidad en el manejo de fondos y la resistencia histórica a los controles del Estado.

El material probatorio ya fue puesto a disposición de la Justicia federal, mientras ARCA continúa con acciones administrativas y judiciales dentro de sus competencias. Esta causa se suma a otra investigación en curso que superaría los $19.000 millones por presunta evasión tributaria y previsional. El patrón que describe el organismo recaudador es consistente: cajas paralelas, documentación irregular y un sistema diseñado para esquivar controles.

En paralelo, la Inspección General de Justicia mantiene presión administrativa sobre la AFA y exigió balances y documentación de ejercicios anteriores. Si bien su titular descartó por ahora la designación de veedores, en el Gobierno remarcan que esa opción sigue abierta y dependerá de lo que arroje el análisis técnico de lo presentado.

El trasfondo excede el monto puntual. Durante décadas, el fútbol operó como un enclave de privilegios, protegido por su peso simbólico y su capacidad de presión política. Nadie miraba, nadie controlaba. La nueva denuncia marca un quiebre: el fútbol deja de ser intocable y pasa a ser tratado como cualquier otra actividad económica frente a la ley.

La discusión no es “fútbol sí o no”. Es reglas sí o no. Si hay facturas truchas, hay delito. Si hay dinero sin justificar, hay responsabilidades. Y si hay evasión, hay que investigar, caiga quien caiga. El avance de ARCA pone sobre la mesa una verdad incómoda para el viejo sistema: los privilegios no son derechos adquiridos.

La causa recién empieza. Pero el mensaje ya llegó: se terminó la impunidad deportiva. Y cuando el control alcanza a los que siempre quedaron afuera, el orden deja de ser discurso para convertirse en política pública.