¿Y las pruebas? El caso Adorni y la costumbre de condenar primero
Pollicita no encuentra sustento suficiente para sostener el enriquecimiento ilícito. Pide investigar una posible evasión.
El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que los elementos reunidos no permiten sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno. Según el dictamen, no pudo descartarse que los fondos cuestionados provinieran de un capital anterior a su ingreso a la función pública.
La defensa atribuyó esos ahorros a operaciones con Bitcoin realizadas años antes. Las pericias no corroboraron por completo esa explicación, pero tampoco permitieron refutarla. Pollicita pidió remitir el expediente a la Justicia Penal Económica para investigar una posible evasión tributaria. No hay un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver el pedido.
Ese es el cuadro judicial. Y alcanza para plantear una pregunta incómoda: ¿qué respaldo tenían quienes presentaban la culpabilidad de Adorni como un asunto resuelto?
Porque una cosa es exigir explicaciones a un funcionario. Otra, convertir cada sospecha en una sentencia y tratar cualquier pedido de prudencia como una defensa de la corrupción.
Investigar el patrimonio de quienes administran el Estado corresponde. Pedir documentación corresponde. Publicar información relevante corresponde. Lo que no corresponde es vender certezas que todavía no se pueden demostrar.
Una denuncia abre preguntas. No las responde por anticipado.
El mecanismo de la condena mediática es cómodo: se toma una acusación, se elimina el condicional y se entrega un culpable listo para consumir. Después, si la investigación no sostiene aquella seguridad, siempre queda la posibilidad de cambiar de tema.
Pero la reputación de una persona no tiene un botón para deshacer. La sospecha repetida puede quedar instalada mucho después de que cambie el expediente.
Acusar a los gritos no vuelve más sólida una prueba. Repetir una imputación tampoco la convierte en verdad.
Quienes afirmaron que Adorni se había enriquecido ilegalmente desde el Estado deberían explicar cómo encaja esa certeza con la conclusión del fiscal. Informar exige actualizar el relato cuando aparecen datos que lo contradicen. Incluso cuando esos datos favorecen a alguien que resulta políticamente antipático.
Eso también vale para quienes apoyan al Gobierno. La posible evasión que Pollicita pide investigar merece respuestas y no puede esconderse debajo de una celebración partidaria. Si reclamamos rigor, tenemos que aplicarlo completo.
Defendemos una regla que no depende del apellido del investigado: si alguien comete un delito, debe responder. Para afirmar que lo cometió, hacen falta pruebas.
La corrupción puede existir en la derecha, en la izquierda y en cualquier estructura de poder. Ninguna identificación política concede inmunidad. Pero tampoco habilita a fabricar culpables por afinidad, rechazo o conveniencia electoral.
Apoyar el rumbo de un gobierno no obliga a justificar a todos sus funcionarios. Cuestionarlo tampoco autoriza a dar por probado cualquier delito que se les atribuya.
El problema empieza cuando el resultado deseado importa más que la investigación. Cuando una noticia se considera creíble porque perjudica al adversario y sospechosa porque lo favorece. Ahí el expediente deja de ser una fuente de información y se convierte en una excusa para confirmar prejuicios.
La vara debe ser la misma: investigar con seriedad, exigir explicaciones y distinguir lo comprobado de lo supuesto. También reconocer los límites de lo que sabemos.
El que las hace, las paga. Pero primero hay que demostrar que las hizo.
