¿Y la Justicia? Mendoza ignora un fallo histórico mientras el Atuel sigue seco

Este 16 de julio se cumplen cinco años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó a la provincia de Mendoza restituir un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s del río Atuel hacia La Pampa. El conflicto, sin embargo, tiene raíces mucho más profundas: desde 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, Mendoza comenzó a desviar el agua, provocando un ecocidio silencioso en el oeste pampeano. En 1987, la Corte ya había declarado al Atuel como río interprovincial, pero recién en 2020 fijó un caudal concreto, reconociendo el daño ambiental y social acumulado.

A pesar del fallo firme de la Corte, Mendoza continúa sin cumplir la sentencia. Y lo más alarmante: la Corte tampoco ha ejercido presión real para que se garantice el caudal mínimo. El río, por largos periodos, sigue seco. Sin embargo, el problema no es la falta de agua, sino la forma en que se gestiona. Informes técnicos elaborados por La Pampa —utilizando datos del propio gobierno mendocino— demuestran que sí hay agua suficiente en la cuenca del Atuel para cumplir con los 3,2 m³/s que exige el fallo. La cuestión es que Mendoza destina ese caudal a otros usos, como el sobreriego en zonas productivas, el llenado de nuevas represas (que pasaron de 160 a 260 desde 2020) y la entrega privilegiada de agua a algunas bodegas, que incluso reciben volúmenes similares o superiores a lo que le corresponde a La Pampa. Todo esto deja claro que el incumplimiento es una decisión política, no una imposibilidad técnica.

El gobernador Sergio Ziliotto lo expresó con claridad: “Hay agua suficiente en la cuenca del río Atuel para que Mendoza cumpla con el fallo y nos dé nuestra parte”. En 2024, el gobierno pampeano presentó un informe técnico que acredita la viabilidad total del cumplimiento, basado en datos oficiales del propio gobierno mendocino. La Pampa exige la creación de un organismo de cuenca con administración compartida, para evitar que el manejo del recurso quede exclusivamente en manos de Mendoza.

A cinco años del fallo, el río sigue sin correr y el daño ambiental se profundiza. Es hora de repensar la gestión de los recursos naturales desde una perspectiva liberal: transparente, cooperativa y orientada al respeto de los derechos individuales y colectivos. Porque el agua no es propiedad de los burócratas, sino un bien común que debe fluir con justicia.