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Claudia Calderón, secretaria general de UTELPA, durante el conflicto docente en La Pampa
La Pampa · 5 min

UTELPA no considera esencial la educación: impidió que Nación controlara el cumplimiento del 75%

Por Redacción Pampa Liberal

El gremio celebró un paro superior al 95% y respaldó que inspectores nacionales no pudieran ingresar a cuatro escuelas de Santa Rosa. Mientras discute jurisdicciones y cautelares, miles de alumnos pampeanos volvieron a quedarse sin clases.

Para UTELPa, controlar que una escuela permanezca abierta durante un paro no es garantizar un derecho: es “perseguir” trabajadores.

Esa fue la respuesta del gremio después de que inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación intentaran constatar si en La Pampa se estaba garantizando una prestación educativa mínima del 75%. Los funcionarios se presentaron en cuatro establecimientos de Santa Rosa, pero no pudieron ingresar.

La propia secretaria general electa de UTELPa, Claudia Calderón, confirmó lo ocurrido: “No se les permitió el ingreso”. Los controles intentaron realizarse en las escuelas 105, 217, 254 y 255.

Calderón justificó el bloqueo afirmando que los inspectores nacionales “no tienen jurisdicción ni legitimidad” para intervenir en establecimientos administrados por la provincia.

El resultado fue tan sencillo como preocupante: Nación quiso verificar cuántas escuelas funcionaban, las puertas permanecieron cerradas y el único porcentaje disponible terminó siendo el informado por el propio gremio que organizó el paro.

UTELPa aseguró que la medida convocada por CTERA tuvo una adhesión superior al 90% —otras publicaciones elevaron la estimación al 95%— en La Pampa.

Pero nadie ajeno a la estructura sindical pudo comprobarlo dentro de los establecimientos relevados.

El gremio convocó la huelga, calculó su propio acatamiento y rechazó el ingreso de quienes pretendían verificar el nivel de actividad. Después presentó ese porcentaje como un dato indiscutible.

Es como rendir un examen, impedir que entre el profesor y corregirse uno mismo.

El Gobierno nacional había anunciado inspecciones muestrales en distintas provincias para comprobar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declaró a la educación como servicio esencial y estableció que, ante conflictos colectivos, debe garantizarse un 75% de la prestación habitual.

La medida no apuntaba a impedir el derecho a huelga ni a sancionar individualmente a los docentes. El secretario de Trabajo nacional, Julio Cordero, sostuvo que la eventual responsabilidad recaería sobre las organizaciones sindicales encargadas de garantizar el servicio mínimo.

Sin embargo, UTELPa calificó los controles como un acto de “persecución, amedrentamiento y provocación”.

Controlar que los chicos tengan clases sería una provocación. Paralizar más del 90% del sistema educativo, aparentemente, no.

Hay un dato que debe señalarse con claridad: la aplicación de la esencialidad educativa se encuentra provisoriamente suspendida por una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74. Además, las escuelas pampeanas dependen administrativamente del Gobierno provincial, cuestión utilizada por UTELPa para discutir las facultades de los inspectores nacionales.

Eso explica la controversia legal. No explica la posición política y moral del gremio.

Una cautelar puede suspender temporalmente una norma. No convierte en irrelevante el derecho de los alumnos a recibir educación ni responde por qué el sistema no debería garantizar alguna continuidad durante una protesta.

UTELPa puede discutir ante la Justicia quién tiene competencia para inspeccionar. Lo que no puede hacer es esconder detrás de ese conflicto institucional la pregunta central:

¿Quién protege el derecho a aprender de los estudiantes cuando el gremio decide cerrar las aulas?

Porque los docentes tienen derecho a reclamar mejores salarios, paritarias y condiciones laborales dignas. Eso no está en discusión. Pero los derechos laborales no eliminan los derechos de los alumnos ni convierten a la escuela pública en propiedad exclusiva de las organizaciones sindicales.

Si la educación es verdaderamente un derecho, debe existir también cuando incomoda al gremio.

La huelga fue convocada para reclamar la reapertura de la paritaria nacional docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y una nueva ley de financiamiento educativo. Son demandas que pueden debatirse legítimamente.

El problema aparece cuando la única herramienta consiste en interrumpir un servicio que reciben niños y adolescentes que no participan de la negociación y no tienen ninguna responsabilidad sobre los salarios docentes.

Quienes más dependen de la escuela pública son, además, quienes menos alternativas poseen. Una familia con recursos puede contratar apoyo particular, buscar una institución privada o compensar el día perdido. Una familia vulnerable queda librada a su suerte.

Cada jornada sin clases amplía esa diferencia.

Resulta contradictorio proclamarse defensor de la educación pública mientras se celebra que más del 90% de sus aulas permanezcan sin actividad. Una escuela que no abre no iguala oportunidades, no alimenta, no contiene y no enseña.

UTELPa insiste en que sus medidas buscan “defender la escuela pública”. Pero cuando el Estado nacional intentó medir cuánta escuela pública estaba funcionando, la respuesta fue cerrar las puertas.

La discusión excede este paro. Se trata de decidir si la educación pertenece a los alumnos y sus familias o si continúa funcionando como rehén de una disputa permanente entre gobiernos y sindicatos.

Declararla esencial no significa prohibir las huelgas. Significa reconocer que existe un piso que ninguna interna política, salarial o gremial debería atravesar. También la salud y otros servicios críticos contemplan medidas de fuerza con prestaciones mínimas.

¿Por qué los chicos deberían recibir una protección menor?

UTELPa podrá invocar la cautelar vigente, cuestionar la jurisdicción nacional y denunciar una supuesta persecución. Pero detrás de toda esa arquitectura discursiva queda un hecho imposible de maquillar:

más del 90% de los docentes habría parado, miles de alumnos pampeanos se quedaron sin clases y quienes intentaron verificar la situación no pudieron ingresar.

Para el gremio, el control fue un “amedrentamiento”.

Para las familias, fue otro día perdido.

Y para quienes creemos que la educación debe estar por encima de los intereses corporativos, lo sucedido deja una conclusión incómoda: UTELPa habla de defender la escuela pública, pero cuando debe elegir entre la presión sindical y las aulas abiertas, siempre terminan pagando los mismos: los alumnos.

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