Universidad Nacional de Córdoba bajo sospecha: suman más funcionarios implicados en la corrupción de la gestión Parisi

La Universidad Nacional de Córdoba enfrenta una crisis interna que ya dejó de ser un conflicto administrativo para convertirse en un escándalo institucional de gran escala. La denuncia contra la exdecana de la Facultad de Comunicación, Mariela Parisi, fue ampliada con nueva documentación y con más funcionarios involucrados, en un intento de reactivar una causa que —según los denunciantes— permanece detenida sin justificación. La consejera suplente Stella Regis pidió ser aceptada como querellante particular para garantizar que el expediente avance y no quede congelado en beneficios de la gestión saliente.

La presentación incorpora a figuras clave de la facultad: la exvicedecana Fabiana Martínez, el secretario Legal y Técnico Daniel Koci y la secretaria de Planificación, Corina Echevarría. Sobre ellos pesa una larga lista de presuntas irregularidades que van desde concursos docentes cuestionados, viajes y viáticos con inconsistencias, hasta contrataciones que habrían violado normas básicas de la UNC. En total, la denuncia reúne siete hechos que apuntan a un funcionamiento interno plagado de favoritismos, decisiones discrecionales y movimientos contables difíciles de justificar.

Uno de los puntos más sensibles es el origen mismo de la carrera docente de Parisi dentro de la universidad. Los denunciantes sostienen que habría presentado información falsa para ocupar su cargo como profesora titular de Narración Televisiva, además de inconsistencias en la acreditación de su experiencia en Conducción Periodística en TV. También se cuestiona un concurso de Narración Televisiva I que, según la presentación, fue manipulado a partir de nulidades y suspensiones sucesivas que favorecieron a la exdecana.

Otro capítulo incómodo involucra a su esposo, el periodista César Barraco Mármol, contratado para dictar cursos sin cumplir los requisitos administrativos establecidos. En cuanto a los viajes, se denuncian viáticos internacionales a España que habrían vulnerado las normas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, así como viajes nacionales pagados con normativas derogadas y diferencias entre los días declarados y los efectivamente percibidos.

Mientras tanto, la causa original sigue atrapada en la Cámara Federal de Córdoba. El fiscal Enrique Senestrari imputó a Parisi por administración fraudulenta agravada e incumplimiento de deberes, basándose en observaciones propias de la Auditoría Interna. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja anuló aquel requerimiento alegando “imprecisiones”, lo que frenó el avance del expediente e impidió la indagatoria de la exdecana. Tras la apelación de Senestrari, la Cámara deberá decidir ahora si restituye la imputación y habilita finalmente la investigación judicial.

Los denunciantes insisten en que las irregularidades son demasiado graves como para permanecer archivadas y que, sin una revisión seria, la UNC corre el riesgo de profundizar un deterioro institucional que ya se percibe en el ambiente universitario. La ampliación de la denuncia apunta precisamente a evitar que el caso quede en un limbo procesal y a garantizar que todas las áreas involucradas sean revisadas.

La universidad más antigua del país está, una vez más, bajo la lupa. Y el desenlace de esta causa dirá mucho no sólo sobre la transparencia de la Facultad de Comunicación, sino también sobre la capacidad de la UNC de enfrentar sus propios escándalos sin que queden enterrados bajo el peso de su estructura burocrática.