Tiene 14 años, anda armado y disparó a una nena: el Estado llega tarde, otra vez
El hecho ocurrió en el barrio Malvinas de General Pico, donde un adolescente de 14 años, alcanzado por el régimen de inimputabilidad, disparó contra una niña de 12 que resultó herida.
La cruda realidad que golpea a General Pico, y particularmente al Barrio Malvinas, expone sin rodeos la crisis del Estado en materia de seguridad y protección ciudadana. Un menor de apenas 14 años, involucrado en un hecho armado que terminó con una niña de 12 herida, no es una mera tragedia aislada: es la consecuencia previsiblemente terrible de un sistema que prioriza el garantismo y el asistencialismo sobre el orden, la responsabilidad y la cultura del esfuerzo. El Estado, lejos de ser garante de la paz social, llega tarde una vez más, permitiendo que la impunidad y el descontrol siembren violencia en los barrios.
Este caso refleja el avance imparable de la delincuencia juvenil, estimulada por un marco legal que protege a menores “inimputables” –menores de 16 años– de asumir responsabilidades penales por delitos graves. La legislación vigente deja un vacío legal que se convierte en refugio para jóvenes quienes, privados de consecuencias reales, continúan en la senda del delito sin ningún freno. Mientras tanto, los organismos estatales encargados de la protección de los niños y adolescentes quedan atrapados en procesos burocráticos y asistencialistas que no logran restablecer los valores que una sociedad libre necesita: disciplina, esfuerzo y respeto a los derechos ajenos.
El garantismo extremo que el Estado promueve no solo abandona a las víctimas directas, a las familias que sufren estas agresiones, sino también a los propios jóvenes delincuentes, quienes carecen de la orientación y los límites necesarios para crecer como ciudadanos responsables y autónomos. El asistencialismo, que reemplaza la oportunidad por la dádiva, fomenta la dependencia estatal en lugar de incentivar la libertad y la superación personal. Esta dinámica alimenta la espiral del delito y la violencia en barrios como Malvinas, donde la inseguridad y el miedo se vuelven moneda corriente.
Peor aún, la ineficiencia estatal se ve en la incapacidad para avanzar en investigaciones cuando las víctimas o testigos no pueden, o no quieren, colaborar, muchas veces por el temor generado por la falta de respuestas adecuadas. El resultado es un círculo vicioso: el Estado no garantiza seguridad, no impone consecuencias ni protege a quien debe, y esto termina erosionando la confianza ciudadana y la cohesión social.
Si aspiramos a ciudades y provincias seguras, donde los derechos sean respetados y las oportunidades igualitarias, no podemos seguir postergando reformas profundas que restablezcan el orden, limiten la acción delictiva y fomenten la responsabilidad individual. El monopolio de la violencia legítima corresponde a un Estado eficiente, pero su poder debe estar acompañado por una cultura que promueva el mérito, el esfuerzo y la libertad. Solo así lograremos revertir la decadencia social que padecen los barrios más vulnerables y evitar que casos como el de General Pico sigan ocurriendo, con menores armados y disparando, y víctimas inocentes pagando el precio de la inacción estatal.
El fracaso del Estado no es casual ni inevitable. Está en nuestras manos exigir un cambio que devuelva la libertad y la seguridad a los ciudadanos, instaurando un sistema de justicia que no sea cómplice del delito, sino garante de derechos y libertades. No podemos permitir que el garantismo y el asistencialismo sigan minando el futuro de nuestra juventud y el bienestar de nuestras comunidades. La solución pasa por fortalecer una cultura de responsabilidad, mérito y consecuencias, donde la libertad individual y la propiedad privada sean el sustento de una sociedad próspera y segura. Nuestro futuro, y el de nuestros hijos, depende de ello.