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Caso de desaparición y abuso sexual investigado en Santa Rosa, La Pampa
La Pampa · 2 min

Santa Rosa, tierra de impunidad: el caso que revela que el Estado no protege, no previene y no responde

Por Redacción Pampa Liberal

Una mujer con retraso madurativo desapareció en Santa Rosa y fue hallada cinco días después con signos de abuso sexual; detuvieron a un hombre de 41 años por privación de la libertad y abuso sexual.

El 11 de agosto, en Santa Rosa, La Pampa, una mujer con retraso madurativo desapareció tras descender de un colectivo en la calle Donatti. Su familia, alarmada por su vulnerabilidad y por la falta de respuesta inmediata de las autoridades, denunció el hecho ese mismo día. Durante cinco días, la víctima permaneció desaparecida, sin que se activaran protocolos efectivos de búsqueda ni se movilizaran recursos adecuados para su localización. La ausencia de reacción estatal no solo agravó el riesgo, sino que expuso una falla estructural en la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

El fin de semana siguiente, la mujer fue hallada en una vivienda de la zona norte de Santa Rosa, con signos evidentes de agresión sexual. Su estado físico y emocional confirmó la brutalidad del crimen. La intervención de organismos especializados llegó tarde, cuando el daño ya estaba hecho.

Un hombre de 41 años fue detenido, acusado de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Las pericias ordenadas por la Justicia incluyeron análisis de fluidos y cotejo de ADN, además de la revisión de elementos secuestrados en allanamientos. La causa quedó en manos de los fiscales Cecilia Molinari y Marcos Sacco, bajo la supervisión del juez Carlos Ordas, quien dictó prisión preventiva por 60 días.

Fuentes oficiales confirmaron que el imputado tenía antecedentes por violencia de género. De hecho, el 15 de agosto —cuatro días después de la desaparición— se le había dictado una orden de restricción hacia su expareja. ¿Cómo es posible que alguien con antecedentes activos por violencia estuviera libre, sin seguimiento, en contacto con personas vulnerables? ¿Qué sentido tiene una orden judicial si no va acompañada de vigilancia, prevención y acción?

El orden y la justicia no son privilegios: son derechos humanos. Y cuando el Estado falla en garantizarlos, no solo se vulnera la ley, se vulnera la dignidad. La inseguridad no es solo un problema de patrullas o cámaras: es una consecuencia directa de políticas ineficaces, burocracias paralizadas y una cultura institucional que reacciona tarde y mal. Este caso debe ser un punto de inflexión. No solo para exigir justicia, sino para repensar el modelo de Estado que queremos.

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