Presupuesto 2027: Milei propone terminar con fondos automáticos para el INTA, el INTI y el Senasa

El proyecto enviado al Congreso plantea eliminar una asignación ligada al valor de las importaciones. El cambio puede mejorar el control presupuestario, pero exige explicar cómo se sostendrán funciones estratégicas sin convertir el ajuste en incertidumbre.

El Gobierno de Javier Milei propuso terminar en 2027 con una fuente automática de financiamiento para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La modificación forma parte del proyecto de Presupuesto que deberá debatir el Congreso: todavía no es una medida aprobada ni ejecutada.

Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el artículo 21 eliminaría una asignación equivalente al 0,65% del valor CIF de las importaciones. Según el CEPA, esa recaudación se distribuye actualmente en un 0,45% para el INTA, un 0,15% para el Senasa y un 0,05% para el INTI. Las cifras corresponden al informe privado y no pudieron ser contrastadas por Pampa Liberal con el texto oficial del proyecto y la norma vigente, que no estaban accesibles en las fuentes consultadas al cierre de esta nota.

La diferencia no es menor. Un recurso de asignación específica llega por una regla previamente fijada, mientras que una partida presupuestaria depende de la decisión anual del Congreso y de la ejecución posterior del Poder Ejecutivo. El proyecto no supone por sí solo la desaparición de los organismos, pero sí cambiaría la forma en que una parte de sus gastos se financia.

El CEPA estimó que el INTA tendría en 2026 un presupuesto de $905.711 millones, de los cuales $513.034 millones provendrían de esa asignación, y que el crédito previsto para 2027 sería de $546.784 millones. También calculó una caída real interanual del 50%. Son estimaciones de una entidad privada: no constituyen cifras oficiales verificadas ni describen un recorte ya ejecutado.

El mismo análisis calculó una baja real del 40% para el Senasa y sostuvo que el INTI quedaría sin esa fuente específica. Para el período 2023-2027 estimó retrocesos reales del 55,9% en el INTA y del 65,6% en el INTI. Tampoco se pudo verificar en documentación primaria qué inflación utilizó el estudio para convertir esos créditos nominales en variaciones reales.

Desde una mirada liberal, revisar fondos automáticos es razonable. Ningún organismo debería conservar recursos por inercia, al margen de sus resultados, y el Congreso debe poder comparar prioridades en cada presupuesto. Una asignación rígida tampoco garantiza eficiencia: puede preservar estructuras y gastos sin someterlos a una evaluación periódica.

Pero quitar una fuente específica no reemplaza la obligación de explicar el esquema que vendrá después. El Gobierno deberá precisar cuánto recibirá cada organismo, mediante qué partidas y con qué criterios se evaluarán sus resultados. El orden fiscal puede exigir menos gasto, pero también reglas previsibles y prioridades explícitas.

El cambio se inscribe además en la reorganización del INTA que el Gobierno ya impulsó mediante un plan de retiros voluntarios. La discusión de 2027 agrega ahora una cuestión más profunda: no sólo cuánto gasta el organismo, sino de dónde provienen sus recursos y quién decide su monto.

La responsabilidad inmediata será del Congreso. Los legisladores podrán aprobar, modificar o rechazar la propuesta y deberán exigir las planillas que permitan medir el efecto sobre cada organismo. Si el objetivo es terminar con privilegios presupuestarios, el Gobierno tiene un argumento atendible; si pretende sostener servicios necesarios para producir y exportar, también debe mostrar con qué partidas y bajo qué criterios lo hará. La disciplina fiscal se fortalece con control político, información pública y prioridades claras, no con cheques automáticos ni con vacíos presupuestarios.