Multa fantasma en Castex: un conductor que nunca estuvo allí demandará al municipio

En Eduardo Castex, un caso insólito está por convertirse en un precedente judicial de alto impacto. Gustavo Gargiulo, vecino de Laboulaye (Córdoba), iniciará una demanda civil contra la Municipalidad castense y la jueza de Faltas local, Natalia Vallejos, luego de recibir una multa de más de 500.000 pesos por una infracción que, según pruebas contundentes, jamás cometió. El 10 de noviembre de 2024, inspectores municipales labraron un acta contra una Mercedes Benz Sprinter por cruzar un semáforo en rojo. Días después, Gargiulo recibió la notificación en su domicilio, aunque ese día celebraba el cumpleaños de su hija en Laboulaye, acompañado por más de 80 personas que respaldan su versión.

Convencido de la injusticia, Gargiulo intentó presentar su descargo con testigos y pruebas de ubicación, pero ni los inspectores ni la jueza Vallejos aceptaron recibirlo en forma presencial. Desde el municipio le indicaron que lo enviara por WhatsApp, trámite que fue desestimado sin explicación. El 26 de marzo, Vallejos dictó sentencia imponiéndole una sanción de 200 unidades fijas más intereses. “Fue un error de ellos y me quieren cobrar una multa de $500.000”, denunció Gargiulo, quien contrató asesores legales y apeló ante el Juzgado Contravencional de la Primera Circunscripción Judicial. El 30 de junio, el juez Pablo Andrés De Biasi no solo lo absolvió, sino que declaró la nulidad de la sentencia original, calificándola como “violatoria de la garantía de inviolabilidad de Defensa en Juicio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

El fallo fue lapidario. De Biasi señaló que la única prueba presentada era “una planilla interna sin valor probatorio” y que el acta carecía de datos esenciales como tipo de vehículo, nombre, DNI, licencia o domicilio del conductor. También criticó la “falta de fundamentación adecuada” al rechazar el descargo, y subrayó un error administrativo grave: la sentencia indicaba que la sanción podía apelarse ante un tribunal que ya no existe. Gargiulo calificó el accionar de Vallejos como “arbitrario, falaz y malicioso” y denunció un uso “desvirtuado de la potestad sancionatoria municipal con fines recaudatorios, en vulneración de los principios de legalidad y razonabilidad”. Por eso, decidió avanzar con una demanda civil por daños y perjuicios.

Este caso no solo expone una falla administrativa: revela cómo el poder municipal, cuando se ejerce sin controles ni garantías, puede vulnerar derechos fundamentales. El liberalismo, en este contexto, no es una ideología abstracta, sino una defensa concreta de la institucionalidad, la transparencia y el respeto al ciudadano. Gargiulo no pide privilegios, pide justicia. Y su historia recuerda que el Estado debe estar al servicio de las personas, no por encima de ellas. Porque cuando la burocracia se convierte en abuso, lo que está en juego no es una multa: es la confianza en las instituciones.