Di Nápoli y las cooperativas hacen todo para que la fibra siga siendo suya: ahora van contra Clarín en la Justicia

En Santa Rosa, la contienda por el control de la red de fibra óptica expresa con claridad la batalla entre la libertad de mercado y el estatismo disfrazado de “solidaridad”. El intendente Luciano Di Nápoli, con el aval de las cooperativas provinciales, especialmente la poderosa Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), despliega su poder político y regulatorio para frenar la llegada del grupo Clarín al tendido de fibra óptica, que significaría una competencia privada fresca en el sistema local de telecomunicaciones. Lo preocupante no es solo que se rechace una expansión legítima para mayor conectividad, sino que se haga apelando a la vía judicial para preservar un monopolio acomodaticio que la CPE usufructúa con ayuda estatal y municipal.

El Concejo Deliberante, con el impulso decidido del oficialismo, dictaminó por unanimidad archivar el pedido de ampliación de red de Clarín, apoyándose en argumentos como “avance irregular” y falta de respuesta a multas e intimaciones. Sin embargo, la realidad desnuda otro motivo: el intento explícito de proteger un mercado cautivo donde las cooperativas tienen asegurado su “botín” gracias a favores políticos, regulación permisiva con su operación y una justicia que convenientemente acompaña estas estrategias. En lugar de fomentar la libre competencia, el intendente y sus aliados eligieron blindar el statu quo que impide a otros actores privados generar inversiones, innovación y mejores servicios para todos los pampeanos.

Lo curioso es la denuncia abierta de la CPE sobre “competencia desleal” de Clarín, cuando el problema real radica en que el Estado y sus operadores “solidarios” administran un monopolio que limita opciones y eterniza privilegios. La “solidaridad” estatal termina siendo clientelismo para perpetuar un control oligopólico, lejos de la transparencia y la eficiencia que solo el libre mercado puede garantizar. Las cooperativas, tan celebradas por su carácter asociativo, pierden su esencia cuando se alían con el poder político para impedir la entrada de competencia legítima, deviniendo en una suerte de franquicia local sostenida por el respaldo oficial y no por méritos en el mercado.

El contraste es claro y educativo: mientras la CPE y Di Nápoli optan por la coerción y la judicialización para frenar a Clarín, una verdadera economía de mercado permitiría que cada usuario elija libremente su proveedor de telecomunicaciones, generando así inversiones constantes, precios competitivos y mejoras tecnológicas. La intervención estatal en defensa de intereses corporativos es la antítesis del liberalismo, que promueve la libertad individual, la competencia y la eficiencia estatal limitada a garantizar el marco jurídico necesario para que las empresas privadas prosperen en igualdad de condiciones.

Este conflicto en Santa Rosa nos recuerda que la libertad económica no solo es un ideal abstracto, sino una herramienta concreta para evitar que los gobernantes y sus aliados aseguren monopolios disfrazados de “cooperativas solidarias”. La verdadera innovación y desarrollo local solo llegarán cuando se permita que el mercado funcione sin trabas ni protecciones corporativistas. Así, se respetan los derechos de propiedad, se fomenta la inversión privada y se otorgan a los ciudadanos opciones reales y de calidad.

En definitiva, lo que está en juego en este episodio es mucho más que un tendido de cables: es la defensa del derecho del pampeano a elegir, de la empresa privada a competir y de la sociedad a disfrutar de mejores servicios. Que Di Nápoli y las cooperativas sepan que su intento de bloquear la competencia por vías judiciales solo expone un modelo estatista y clientelar que choca frontalmente con el progreso y la libertad que nuestra provincia y país necesitan imperiosamente.