Milei rompe el monopolio estatal: las represas del Comahue vuelven al mercado tras 30 años de parálisis
El Gobierno nacional formalizó la apertura del proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, mediante el decreto 718/2024. Se trata de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, centrales que juntas aportan cerca del 10% de la electricidad generada en Argentina. La nueva concesión será por 30 años y se abrirá a licitación pública tanto nacional como internacional.
Esta decisión busca cerrar un ciclo de indefiniciones que se arrastraba desde el vencimiento de las concesiones originales en 2023. En lugar de continuar con prórrogas sucesivas, el Ejecutivo optó por establecer un nuevo marco legal y operativo, con reglas claras y participación provincial. El objetivo declarado: atraer inversiones, recaudar alrededor de 500 millones de dólares y garantizar una gestión técnica eficiente y segura.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema es el reconocimiento explícito del dominio provincial sobre el recurso hídrico. Las provincias de Neuquén y Río Negro no solo recibirán regalías por el uso del agua, sino también un canon adicional por parte de las empresas adjudicatarias. Además, se les otorga un rol activo en el monitoreo de las operaciones, el acceso a información técnica y la supervisión ambiental.
Las empresas que resulten ganadoras deberán cumplir con exigencias específicas: entregar datos hidrometeorológicos, realizar estudios de seguridad hídrica y respetar los estándares ambientales definidos por las autoridades. Este enfoque busca corregir una distorsión histórica, en la que el Estado nacional asumía funciones que legalmente correspondían a las provincias.
Más allá del aspecto técnico, esta medida representa un cambio de paradigma. El gobierno de Javier Milei plantea que el Estado debe retirarse de actividades que pueden ser gestionadas por el sector privado, siempre bajo control institucional. En ese sentido, las represas del Comahue se convierten en un símbolo de modernización: menos burocracia, más eficiencia, y una apuesta por el federalismo real.
La energía es un pilar del desarrollo, y esta decisión podría sentar las bases para una matriz más competitiva y sustentable. Al devolver protagonismo a las provincias y abrir el juego a la inversión privada, se abre una oportunidad para repensar el rol del Estado: no como operador, sino como garante de reglas, transparencia y equidad territorial.