Milei respira: la Justicia de EE.UU. frena el golpe judicial más costoso del kirchnerismo

La Justicia de Estados Unidos otorgó a la Argentina una bocanada de aire en uno de los litigios más costosos y complejos de su historia reciente. Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender temporalmente el fallo que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. Dicha sentencia había sido dictada por la jueza Loretta Preska en 2023, como parte de las consecuencias legales de la expropiación de la petrolera en 2012, y estaba acompañada por una orden de pago de USD 16.100 millones.

La medida tomada por la Cámara no resuelve el fondo del asunto, pero establece una pausa estratégica en la ejecución de la sentencia. El tribunal argumentó que la suspensión fue dispuesta “con el propósito de permitir una ordenada presentación y consideración de las posiciones de ambas partes”. Es decir, busca que el proceso de apelación se desarrolle sin presiones ejecutorias, habilitando a Argentina a defender su postura legal sin el peso inmediato del despojo accionario.

Este giro en el caso tiene una cronología ya definida. Burford Capital —principal fondo litigante— deberá presentar el 17 de julio su oposición al pedido argentino de extender la suspensión hasta que se resuelva la apelación de fondo. El 22 de julio, Argentina responderá con argumentos detallados a favor de prolongar la medida cautelar. Luego, se elegirá el panel de tres jueces que integrarán la sala encargada de tomar la decisión definitiva sobre la suspensión.

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro y referente clave en los aspectos jurídicos del caso, explicó que “una vez completado el cruce de escritos y definidos los jueces, la Cámara puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tiene plazo para hacerlo”. Si la Cámara concede la solicitud del país, la orden de Preska quedará congelada hasta que se resuelva la apelación, lo que podría ocurrir recién en 2026 o incluso después. Si, en cambio, se rechaza el pedido, volverá a estar vigente la orden de entregar las acciones, lo que reabriría un escenario de altísimo riesgo patrimonial y político.

Más allá de lo judicial, esta situación plantea interrogantes sobre el rumbo institucional y económico que Argentina desea transitar. La expropiación de YPF fue promovida como un acto de soberanía, pero los errores procesales y la falta de planificación fiscal derivaron en una condena multimillonaria que recae sobre todos los contribuyentes.