Los 7 argumentos con los que Mayoraz defendió la reforma de la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares ya no es una discusión marginal ni un tecnicismo jurídico para especialistas. Se convirtió en una de las batallas políticas, económicas y culturales más relevantes del año. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y el Gobierno celebró la sanción como una corrección necesaria para darles más poder a las provincias, precisar el alcance de la norma y aportar seguridad jurídica.

En ese debate, Nicolás Mayoraz se destacó como uno de los defensores más claros del oficialismo. La tesis central de su posición fue simple, pero potente: la reforma no elimina la protección ambiental, sino que busca corregir una ley que, según el oficialismo, había quedado atrapada entre ambigüedades técnicas, interpretaciones expansivas y una implementación incompleta que terminó afectando proyectos productivos sin un criterio suficientemente preciso. Esa mirada coincide con el argumento oficial que sostiene que la modificación “impulsa la precisión de la norma vigente” y devuelve a las provincias mayor protagonismo sobre sus recursos.

El primer argumento de la defensa fue que la reforma no destruye el paradigma de protección. El Gobierno sostuvo que la ley sigue preservando glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, y que el cambio no implica desprotección automática, sino una mejor delimitación del objeto protegido. Dicho de otro modo: la discusión no sería “si se protege o no”, sino qué se protege exactamente y con qué respaldo técnico.

El segundo argumento fue el de la claridad científica. La defensa oficialista sostiene que la ley original de 2010, aunque importante en su objetivo, dejó abiertas zonas interpretativas demasiado amplias sobre el ambiente periglacial. La reforma redefine el alcance de la protección y limita el resguardo a glaciares y ambientes periglaciales con funciones hídricas específicas, algo que para el oficialismo aporta precisión y para sus críticos abre la puerta a un achique del área protegida. Ahí está, en realidad, el núcleo del conflicto: unos ven orden técnico; otros ven flexibilización peligrosa.

El tercer argumento giró alrededor del federalismo. Mayoraz y otros defensores del proyecto rechazaron la idea de que solo un esquema nacional centralizado pueda proteger el ambiente de forma legítima. La reforma otorga a las provincias mayor potestad para determinar, mediante estudios técnicos propios, qué zonas periglaciales quedan efectivamente sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas. Para el oficialismo, eso no implica descontrol, sino reconocer que las provincias también tienen capacidad técnica, científica y administrativa para intervenir sobre recursos que, además, están bajo su dominio originario.

El cuarto argumento fue constitucional. La defensa de la reforma se apoya en la tensión clásica entre dos principios: por un lado, la potestad nacional de fijar presupuestos mínimos ambientales; por otro, el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. El Gobierno presentó la ley sancionada como una forma de “devolver a las provincias la competencia que les corresponde”, es decir, como un reequilibrio entre protección ambiental y federalismo. En términos políticos, este fue uno de los ejes más fuertes del oficialismo: no solo se trataba de ambiente, sino también de quién decide sobre el territorio.

El quinto argumento fue uno de los más duros contra la norma anterior: en 15 años faltó implementación real. El planteo oficial no niega la existencia del marco legal previo, pero sostiene que la ley original no logró una ejecución suficientemente profunda y terminó funcionando con lentitud, indefiniciones y capacidad limitada para resolver conflictos concretos. En esa lógica, la reforma aparece como una respuesta a una norma que, en la visión del Gobierno, protegía en abstracto, pero no terminaba de ordenar el terreno de manera operativa.

El sexto argumento fue que la Corte dejó problemas abiertos. El oficialismo defendió que parte de la discusión seguía pendiente en el plano de la implementación, de la delimitación exacta de zonas protegidas y de cómo aplicar la ley frente a proyectos productivos concretos. Aunque la Corte había validado la ley original, el Gobierno leyó que persistían cuestiones interpretativas y de aplicación práctica que justificaban una reforma para dar más precisión y reducir arbitrariedad. Esa idea aparece con fuerza en la argumentación política oficial, que insiste en que el problema no era el objetivo de la ley, sino su ingeniería normativa.

El séptimo argumento fue político y de modelo de país: ambiente sí, bloqueo ideológico no. El Gobierno vinculó la reforma con la necesidad de destrabar inversiones, especialmente en minería, y de terminar con interpretaciones maximalistas que, según su visión, frenaban desarrollo sin mejorar de forma real la protección hídrica. Tras la aprobación, el Ejecutivo habló de “seguridad jurídica”, mientras el sector minero celebró la norma como una señal positiva para un nuevo ciclo de inversiones. En ese punto, la intervención de Mayoraz encajó perfectamente con la narrativa oficial: más ciencia, más federalismo y menos arbitrariedad para que la protección ambiental no funcione como una prohibición general encubierta.

Ahora bien, una defensa sólida de la reforma no debería esconder el contraargumento principal. Los críticos sostienen que la nueva ley desplaza el rol científico nacional del IANIGLA, fragmenta criterios y deja en manos de cada provincia una parte demasiado sensible de la determinación sobre qué proteger. Desde esa mirada, la reforma no ordena: abre asimetrías regulatorias y puede terminar incentivando una flexibilización ambiental para atraer inversiones. Esa objeción existe, es fuerte y explica buena parte de la resistencia opositora.

Pero justamente por eso el debate fue tan profundo. Porque no se discutió solamente una ley. Se discutieron dos formas de pensar la Argentina. Una que prefiere un esquema nacional rígido, homogéneo y más preventivo, aunque eso limite proyectos productivos. Y otra que sostiene que la protección ambiental debe convivir con desarrollo, ciencia aplicada y mayor poder provincial para decidir con criterios concretos. Mayoraz se paró con claridad en esta segunda posición. Y sus siete argumentos apuntaron exactamente a eso: demostrar que la reforma no era un ataque al ambiente, sino una corrección política, técnica y federal a una ley que, según el oficialismo, había quedado demasiado abierta a la arbitrariedad y demasiado cerrada al desarrollo.