Le tumbaron los decretos: Sánchez convoca elecciones en España para el 29 de noviembre

El Congreso español derogó el viernes los decretos del gobierno socialista contra la crisis de vivienda y, tres días después, Pedro Sánchez llamó a elecciones anticipadas. Con las Cortes disueltas desde mañana, su gobierno buscará poner en vigencia ese mismo paquete a través de la Diputación Permanente, el órgano de emergencia donde el PSOE y sus aliados tienen mayoría.

El viernes, el Congreso español derogó los decretos con los que el gobierno de Pedro Sánchez pretendía enfrentar la crisis de vivienda. El lunes 5 de octubre, desde las escalinatas de la Moncloa —el lugar reservado para los anuncios institucionales de mayor peso—, Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La intervención duró diez minutos.

Según LA NACION, no fue una reacción improvisada: el presidente del Gobierno español se tomó el fin de semana para consultar a su equipo y a sus aliados, analizó escenarios y recién la noche anterior al anuncio le comunicó la decisión al rey Felipe VI.

Lo que decidió para el día siguiente explica buena parte del movimiento. Sánchez convocó un consejo de ministros para aprobar otra vez el mismo paquete de vivienda que el Congreso le había rechazado días antes. El adelanto electoral implica la disolución de las Cortes Generales —las cámaras de Diputados y de Senadores— desde mañana y hasta que se elija una nueva mayoría parlamentaria. Con el Congreso fuera de funciones, ese nuevo decreto debería tramitarse en la Diputación Permanente, un órgano legislativo de emergencia que actúa cuando las cámaras están disueltas y donde el PSOE y sus aliados cuentan con mayoría.

La medida que perdió en el recinto puede quedar vigente igual, validada por un cuerpo reducido donde el oficialismo sí tiene los números, hasta que asuma la próxima legislatura. Todavía no está claro, señala la nota de LA NACION, si el gobierno socialista elegirá la versión más conservadora o la más ambiciosa de las que contenían los decretos caídos.

El conflicto tiene un origen concreto. Maricarmen Abascal, de 87 años, peleaba contra el desalojo de su casa en el barrio madrileño de El Retiro, y de ahí salió el nombre con el que se conoció el paquete oficial: el “decreto Maricarmen”. La crisis habitacional, además, desató un acampe en la Puerta del Sol, donde se reclaman medidas como el congelamiento de los precios de los alquileres y la suspensión de los desalojos.

Esa es la receta que está en discusión: fijar precios por decreto y frenar los desalojos. Nosotros no creemos que funcione. Cuando el Estado congela el alquiler y debilita la garantía de que un propietario pueda recuperar su inmueble, poner una vivienda en alquiler se vuelve más riesgoso y menos conveniente. Ninguna firma al pie de un decreto construye las casas que faltan.

Hay un dato que el discurso oficial no puede esquivar: la crisis habitacional que motivó esos decretos ocurrió bajo su propio gobierno. Sánchez llegó al poder en 2018, tras una moción de censura que disolvió el gobierno de Mariano Rajoy, y desde entonces enfrentó dos elecciones. Esta será su tercera candidatura como máximo referente del socialismo español.

En el anuncio, sin embargo, el eje no fue la vivienda sino el adversario. “Si queréis sumar a esa ola ultraderechista que involuciona donde gobierna o si deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”, planteó. También reivindicó haberse negado a “sacrificar el Estado de Bienestar en el altar del 5%”, en referencia al reclamo de Donald Trump para que la Unión Europea subiera su presupuesto en Defensa.

Después le tocó el turno a Javier Milei. “Duplicamos nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra. Hemos convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad”, dijo Sánchez, en alusión —según la nota de LA NACION— a la decisión argentina de dejar de financiar organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Mirá la vara que eligió: lo que exhibe como logro es cuánto dinero público gira al exterior, no qué resolvió para el español que no consigue dónde vivir. Es el mismo gobierno cuya expansión sobre terrenos cada vez más amplios venimos siguiendo, desde la tutela estatal sobre las redes sociales hasta las reglas sobre qué pueden hacer los chicos en los recreos. También repasamos en su momento cómo le fue a España en el ranking mundial de seguridad para las mujeres durante esta gestión.

El cálculo electoral del socialismo está a la vista. En el PSOE creen que la crisis de la vivienda es el tema capaz de movilizar al electorado progresista y que hay una mayoría de españoles favorable a que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario, por encima del posicionamiento ideológico.

Los números disponibles van en otra dirección. Un sondeo publicado el lunes por el diario El Mundo ubica al Partido Popular como la fuerza más votada, aunque sin mayoría propia: Alberto Núñez Feijóo necesitaría los votos de Vox para formar gobierno. El PSOE aparece segundo y Vox tercero, con alrededor del 18% de los votos. Es una encuesta, no un resultado: faltan casi dos meses de campaña y las Cortes recién se disuelven ahora.

Sobre la caída del PSOE en intención de voto, la nota de LA NACION es explícita en la causa que señalan las encuestas: los reiterados casos de corrupción que involucraron a Sánchez y su entorno. No se precisan causas judiciales, imputaciones ni condenas, y nada de eso equivale a una sentencia. Lo que sí está medido es el desgaste. A la izquierda, aliada habitual del socialismo, tampoco le sobra: perdió terreno en los sondeos y todavía no tiene candidato.

La oposición celebró sin disimulo. “Por fin”, publicó el PP en su cuenta oficial apenas se conoció el adelanto. Feijóo fue más largo: “Por fin votaremos y, por fin, España podrá elegir el país que quiere ser. No son unas elecciones más. Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE”.

Los que quedaron en el aire son los que empezaron todo. En el acampe de Puerta del Sol, la noticia cayó como una incógnita. “Reclamábamos medidas de vivienda, algo mucho más concreto. Ahora tenemos miedo de lo que pueda pasar”, dijo uno de los manifestantes en declaraciones radiales.

Queda una exigencia razonable y verificable: que el gobierno español publique qué versión exacta del paquete de vivienda lleva a la Diputación Permanente, con qué alcance y por cuánto tiempo. Una medida rechazada por los diputados electos merece, como mínimo, que se explique con todas las letras antes de volver a regir.

Perder una votación es parte de la democracia. Insistir con lo mismo cuando ya no hay Congreso que lo discuta es una decisión política, y el 29 de noviembre los españoles la van a juzgar.