“La tierra vendida no deja de ser argentina”: la defensa de Ravier a la inversión

Adrián Ravier defendió la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/23 y rechazó que la compra extranjera de campos implique perder soberanía. Incluyó a La Pampa entre las provincias que podrían recibir inversiones, aunque no mencionó operaciones concretas.

“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte deja de ser argentina”. Adrián Ravier, vocero presidencial y referente de La Libertad Avanza en La Pampa, eligió esa frase para defender en Casa Rosada la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/23.

La afirmación concentra su argumento: vender la propiedad de un campo a un extranjero no equivale a entregar el territorio nacional. Para Ravier, la discusión debe separar al dueño privado de la tierra de la soberanía que la Argentina ejerce sobre ella.

La derogación elimina los límites que la ley establecía para la compra de campos e inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros. El Gobierno pretende que esa apertura atraiga inversión privada hacia la producción agropecuaria de distintas provincias.

“La oposición, con buenas o malas intenciones, ha confundido a la gente. Que un extranjero compre tierras para un coto de caza, para producir oleaginosas o frutales, de ninguna manera le hace perder soberanía al país. Son tierras para trabajar, contratar personal, exportar y generar divisas”, sostuvo Ravier.

Su crítica a la oposición debe quedar en esos términos: es una declaración del vocero. El material no identifica a los dirigentes cuestionados ni expone sus argumentos, por lo que no permite establecer si hubo confusión ni atribuirles una intención.

El núcleo de la defensa oficial está en el uso productivo que podría recibir el capital. Ravier vinculó una eventual compra con producción de oleaginosas o frutales, contratación de personal, exportaciones y generación de divisas. No presentó esos efectos como resultados ya obtenidos, sino como la finalidad buscada por la apertura.

También trazó un límite entre los campos privados y los bienes públicos. “Si alguien quisiera comprar una reserva histórica o un Parque Nacional, no lo puede hacer; eso no está en riesgo. Lo que se busca con esta norma son inversiones reales”, afirmó.

Así, su planteo combina dos ideas: una compraventa privada no modifica la pertenencia nacional del territorio y la derogación no pone a parques nacionales o reservas históricas en el mercado. La frase sobre la Patagonia funciona porque va al centro del temor que discute: puede cambiar el titular de una propiedad sin que cambie el país al que pertenece esa tierra.

Para La Pampa, por ahora, el vínculo es potencial. Ravier mencionó a la provincia junto con Río Negro y Tucumán entre los distritos que podrían recibir inversión agropecuaria y productiva, pero no informó compradores, operaciones ni superficies determinadas. Hay una expectativa oficial; todavía no un resultado pampeano para exhibir.

La situación jurídica tampoco aparece cerrada en el material. El vocero se mostró optimista sobre la validez constitucional del DNU, mientras persisten giros judiciales y discusiones en el Congreso y la Corte Suprema cuyo alcance no fue detallado. Por eso, no corresponde presentar la derogación como definitivamente firme.

Ravier también mencionó proyectos bajo el RIGI y contactos comerciales de la Argentina Week que incluyeron anuncios de inversión por 27.000 millones de dólares. La cifra corresponde a anuncios y el material no precisa su grado de avance, de modo que no puede contarse como inversión ya concretada. El rumbo desregulador también aparece en el paquete de reformas sobre propiedad, defensa y seguridad impulsado por Milei.

La defensa de Ravier es clara: la soberanía no depende de la nacionalidad del propietario, y la apertura busca que la tierra reciba capital y produzca. En La Pampa, la fuerza de ese argumento deberá medirse cuando las inversiones dejen de ser una posibilidad y puedan mostrarse como hechos.