Socialismo para el pueblo, millones para el entorno: el escándalo que golpea a Petro
Vanessa Cortés pasó de vivir en un barrio común a reportar ingresos por más de $600 millones tras la posesión de Gustavo Petro
Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Esta vez, no se trata solamente de una polémica política o de una frase incendiaria del presidente, sino de algo mucho más sensible: el crecimiento patrimonial de una mujer señalada por fuentes cercanas al mandatario como su presunta pareja sentimental.
Se trata de Vanessa Cortés Carmona, quien quedó en el centro de la escena luego de una investigación periodística que reveló un llamativo salto económico desde la llegada de Petro al poder. Según la información publicada, antes de agosto de 2022 Cortés no registraba empresas ni propiedades relevantes a su nombre, y sus ingresos como contratista o empleada pública rondaban cifras modestas.
Pero tras la asunción de Petro, su situación cambió de manera abrupta.
De acuerdo con los datos difundidos, apenas un mes después de la llegada del presidente colombiano a la Casa de Nariño, Cortés constituyó la empresa Kayros Advice SAS, con un capital pagado de 200 millones de pesos colombianos. La firma, dedicada a asesorías empresariales e inversiones, pasó luego a reportar ingresos por más de 600 millones de pesos.
El dato, por sí solo, merece explicaciones. No porque tener una empresa o ganar dinero sea algo cuestionable. Todo lo contrario: en una economía libre, emprender, invertir y prosperar debería ser celebrado. El problema aparece cuando ese crecimiento patrimonial ocurre alrededor del poder político, en tiempos sospechosamente coincidentes y bajo un gobierno que llegó al poder prometiendo combatir los privilegios de las élites.
Ahí nace la pregunta incómoda: ¿es mérito empresarial o es cercanía al poder?
La investigación también menciona la adquisición de bienes y movimientos patrimoniales que contrastan con el perfil económico previo de Cortés. Además, distintos reportes señalaron coincidencias entre publicaciones en redes sociales de la mujer y viajes oficiales del presidente Petro a distintos destinos internacionales.
Ese punto agrava la discusión pública. Porque si una persona del entorno íntimo del mandatario acompaña o coincide con viajes de agenda diplomática, la ciudadanía tiene derecho a saber si hubo recursos públicos involucrados, si existió algún tipo de privilegio logístico o si simplemente se trató de movimientos privados pagados con fondos propios.
La transparencia no es opcional cuando se gobierna un país. Y mucho menos cuando el presidente en cuestión construyó su carrera política denunciando a “los ricos”, “los poderosos” y “las castas” colombianas.
Petro llegó al poder prometiendo una transformación moral. Se presentó como la voz del pueblo contra los privilegios. Habló de igualdad, justicia social y lucha contra los abusos. Pero como suele ocurrir con buena parte del progresismo latinoamericano, el discurso de austeridad parece aplicarse siempre hacia abajo, mientras el entorno del poder vive una realidad muy distinta.
El socialismo latinoamericano tiene una vieja costumbre: predica sacrificio para la sociedad, pero rara vez lo practica en su propio círculo. Le exige al ciudadano común que pague más impuestos, que tolere más controles, que acepte más Estado y que confíe en la superioridad moral de los gobernantes. Pero cuando se mira de cerca a quienes rodean al poder, muchas veces aparecen fortunas repentinas, empresas nuevas, contratos, viajes, propiedades y explicaciones débiles.
Colombia merece respuestas claras.
No alcanza con decir que todo es una operación política. Ese argumento ya es conocido en toda la región. Cada vez que aparece una denuncia incómoda contra un dirigente de izquierda, la respuesta automática suele ser la misma: persecución, lawfare, campaña mediática o conspiración de la derecha.
Pero los números no se refutan con consignas. Se refutan con documentos, explicaciones públicas y transparencia patrimonial.
Vanessa Cortés tiene derecho a defenderse, explicar el origen de sus ingresos y demostrar que su crecimiento económico fue legítimo. Petro también tiene derecho a negar cualquier vínculo irregular. Pero el Estado colombiano y la opinión pública tienen derecho a exigir claridad, especialmente cuando el caso involucra al entorno personal del presidente.
La cuestión de fondo no es la vida privada del mandatario. La cuestión de fondo es si alrededor del poder se construyó una red de beneficios, favores o privilegios que contradice el discurso oficial del gobierno.
Porque una cosa es una relación personal y otra muy distinta es un eventual acceso privilegiado al poder, a información, contactos, viajes o negocios por cercanía con el presidente.
Ese es el punto que debe investigarse.
La izquierda suele hablar de desigualdad como si el problema siempre estuviera en el sector privado. Pero en América Latina, una parte enorme de la desigualdad nace justamente del poder político: de los funcionarios que reparten privilegios, de los empresarios amigos del gobierno, de los contratistas conectados, de las estructuras estatales usadas como trampolín económico y de los entornos presidenciales que prosperan mientras la sociedad se hunde.
Por eso este caso golpea tan fuerte a Petro. No solo por los montos. No solo por los nombres. Sino porque expone la contradicción central de muchos gobiernos progresistas: el relato popular por fuera y los beneficios de elite por dentro.
Mientras millones de colombianos enfrentan inseguridad, inflación, incertidumbre económica y deterioro institucional, el entorno del presidente queda bajo la lupa por movimientos patrimoniales difíciles de explicar políticamente.
Y cuando el poder no explica, la sospecha crece.
La transparencia debería ser una regla básica de cualquier democracia seria. Si el presidente no tiene nada que ocultar, debería impulsar una aclaración completa. Si Vanessa Cortés construyó su patrimonio de manera legítima, debería poder demostrarlo sin problemas. Y si existió algún tipo de irregularidad, entonces corresponde que intervengan los organismos de control y la Justicia.
Lo que no puede hacer el progresismo es pedir confianza ciega mientras exige controles absolutos sobre los demás.
El caso de Petro vuelve a dejar una enseñanza regional: el verdadero privilegio no siempre está en el mercado. Muchas veces está en el Estado. En la cercanía al poder. En los contactos correctos. En la capacidad de moverse dentro de un sistema donde la política decide quién crece y quién queda afuera.
Por eso, cuando los mismos que prometen igualdad terminan rodeados de fortunas repentinas, la sociedad tiene derecho a desconfiar.
Socialismo para el pueblo, millones para el entorno.
El escándalo recién empieza, pero ya dejó expuesta una verdad incómoda: el relato progresista puede hablar de justicia social todo el día, pero cuando aparecen los patrimonios, los viajes y las empresas, la superioridad moral empieza a derrumbarse.