La Justicia vuelve por Alberto: reabren la causa por la “cuarentena eterna”

La reapertura judicial de la causa por la llamada “cuarentena eterna” marca un capítulo clave para la transparencia y el control del poder en la Argentina. La Cámara Federal de Buenos Aires revocó el sobreseimiento de Alberto Fernández, exmandatario cuya gestión durante la pandemia de Covid-19 está en la mira por un posible uso electoral de las extensas restricciones sanitarias. Este avance no es un detalle menor: detrás de las mediciones del “humor social” y los criterios oficiales, podría haberse escondido un abuso de autoridad fundamentado en mantener al Estado sobre el ciudadano, no para cuidarlo, sino para consolidar un frente político.

El contraste aquí es inevitable. Cuando el gobierno actúa con eficiencia y respeto a las libertades individuales, las medidas sanitarias se aplican con proporción y tiempo justo, respetando la propiedad privada, la autonomía personal y la economía. La cuarentena, para proteger la salud pública, debería haber sido pautada cuidadosamente por evidencia científica y no por sondeos políticos, como denunció el exministro Guzmán al reconocer que el confinamiento “fue más largo de lo que debía” y funcionó como “bandera política”. Eso que debería ser un parche temporal para una crisis sanitaria se transformó, bajo sospecha, en una herramienta de control político que afectó la libertad y la producción local sin rendición de cuentas clara.

La justicia tiene ahora la misión crucial de desentrañar si lo que parecía una emergencia sanitaria se desvió para beneficiar un proyecto partidario, vulnerando los principios de un gobierno limitado y transparente. La decisión de ordenar un análisis que compare la duración y severidad de estas medidas con otros países es un llamado a la objetividad que toda democracia debería exigir para que no se supedite la libertad a intereses electorales.

No es la primera vez que vemos recursos estatales extendidos y manipulados para sostener aparatos ideológicos o fortalecer figuras políticas. Lo que está en juego con esta investigación es más profundo: la confianza en que el Estado no se transforme en un gigante que ahoga la iniciativa individual y el derecho a decidir, bajo pretextos de emergencia. La pandemia no debe habilitar al gobierno a perpetuar restricciones arbitrarias ni a usar la salud pública como una excusa para erosionar el Estado de Derecho.

Para quienes promovemos el liberalismo clásico, este caso es una oportunidad para reafirmar la vigencia de la libertad responsable. Un gobernante que actúa con transparencia y sujeta su poder a la rendición de cuentas consolida una sociedad más justa y próspera. La justicia que reabre esta causa está, en definitiva, defendiendo no solo la verdad sino también un futuro donde el poder estatal se limite a proteger, no a controlar, donde el ciudadano sea el protagonista y no una pieza en un tablero electoral.

Este llamado a la fiscalización y la vigilancia democrática es un ejemplo crucial: la libertad no es negociable, y la eficiencia del Estado pasa por su capacidad para servir y no para someter. Frente a cualquier intento de abuso, la respuesta debe ser firme: ni “cuarentena eterna” ni excusas para encierros políticos. Solo el respeto irrestricto a la libertad individual garantiza que el Estado no se convierta en una amenaza, sino en un aliado de todos los argentinos.