La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros: uso del poder, favores privados y negocios con pólizas del Estado

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa “Seguros”, una investigación que expone un entramado de negocios, influencias y favores privados montado desde la propia Casa Rosada. El fallo dejó firme la acusación por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que surgen del manejo de pólizas contratadas por múltiples organismos del Estado durante su gobierno.

El Tribunal también confirmó los embargos y la prohibición de salida del país para el broker Héctor Martínez Sosa y para su esposa María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, quienes habrían operado como intermediarios privilegiados en un esquema que direccionaba pólizas del Estado hacia una red controlada por ellos.

Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico fueron explícitos:
✔ “El entonces Presidente ejerció influencia mediante su secretaria para favorecer a Martínez Sosa.”
✔ “La concentración de las pólizas del Estado en Nación Seguros generó un incremento exponencial del negocio.”
✔ “Ese aumento fue aprovechado.”

Es decir: el Decreto firmado por el propio Fernández —obligando a todos los organismos públicos a contratar únicamente con Nación Seguros— creó un mercado cautivo multimillonario. Según la Cámara, esa decisión no fue inocente, sino la llave que habilitó el negocio privado del círculo íntimo del expresidente.

El fallo describe intercambios y comunicaciones que muestran cómo Fernández habría intervenido personalmente para sostener operaciones en riesgo, dando continuidad a contratos que beneficiaban directamente a Martínez Sosa. Para los magistrados, esto revela “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba”.

El procesamiento ratificado muestra un patrón que ya no sorprende: decisiones públicas que terminan derivando en negocios privados para los mismos de siempre. Y ahora, con la revisión de la Cámara, el caso entra en una fase procesal decisiva que compromete aún más la situación judicial del exmandatario.

La causa avanza mientras el país empieza, por fin, a desarmar los mecanismos de poder que hicieron del Estado un botín político.
Y este expediente —uno más entre los que enfrenta Fernández, incluida una denuncia por violencia de género aún en trámite— es otra muestra de cómo la “casta” utilizó el poder público como si fuera un patrimonio personal.

La Justicia ya marcó un límite.
El resto lo tiene que hacer la sociedad.