La Adela en crisis: el intendente pide emergencia y apunta contra los concejales
El intendente de La Adela, Federico Moro, pidió declarar la emergencia administrativa y advirtió que podría renunciar si los concejales no acompañan, en medio de una deuda que supera los 30 millones de pesos.
La situación en La Adela alcanzó un punto crítico. El intendente Federico Moro (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia administrativa en el municipio, ante la imposibilidad de pagar sueldos y deudas con proveedores. La medida busca habilitar herramientas excepcionales para enfrentar una crisis que, según sus propias palabras, “no se puede sostener más”. Moro advirtió que, de no aprobarse la emergencia, podría renunciar: “Obviamente si el problema soy yo, voy a dar un paso al costado. No me quiero ir de La Adela, pero si tengo que hacerlo para evitar un ajuste brutal y que el municipio funcione, lo voy a hacer. No tengo aspiraciones políticas, vine a hacer un cambio, pero me encontré con un municipio devastado” declaró.
Las declaraciones del intendente no pasaron desapercibidas. En una entrevista reciente, apuntó directamente contra los concejales opositores, acusándolos de bloquear sistemáticamente las decisiones necesarias para ordenar las cuentas públicas. “Hay una irresponsabilidad política que está llevando al municipio al colapso”, afirmó. Moro también reveló que la deuda con proveedores supera los 30 millones de pesos, y que el pago de sueldos ya se realiza en cuotas, afectando a más de 60 trabajadores municipales. La tensión institucional se agrava, mientras el Concejo Deliberante aún no trata el proyecto de emergencia.
Este escenario no es nuevo en gestiones estatistas que concentran decisiones sin evaluar su impacto real. La falta de planificación, la burocracia excesiva y la resistencia al cambio han generado un modelo de administración que se sostiene más en la política partidaria que en la eficiencia. La Adela, como tantos otros municipios, enfrenta las consecuencias de años de gestión sin control del gasto, sin metas claras y sin diálogo con quienes realmente sostienen el funcionamiento diario: los trabajadores, los proveedores, los vecinos.
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