Kicillof, bajo fuego: La crisis narco en Buenos Aires que el kirchnerismo no quiere que veas

La provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis de seguridad alarmante que el kirchnerismo, encabezado por Axel Kicillof, insiste en ocultar bajo la alfombra mediática. El triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, jóvenes brutalmente asesinadas en una zona conflictiva de La Matanza, desnuda una verdad incómoda: el gobierno provincial es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero lejos de asumir responsabilidades, el oficialismo utiliza los mecanismos tradicionales del estatismo para desviar la atención, montando un show político que en vez de responder a la tragedia, la utiliza como cortina de humo.

El modelo kirchnerista muestra nuevamente su cara más ineficiente y clientelar. Mientras las bandas narco, lideradas por personajes como el “Pequeño J”, operan con total impunidad en territorios liberados que deberían ser controlados por el Estado, el oficialismo responde con acusaciones sin sustento y una maniobra política que busca distraer a la sociedad. La renuncia del diputado José Luis Espert, que el kirchnerismo intenta vincular sin pruebas al mundo narco, se convierte en el burdo recurso para desviar la atención. Este reciclaje del discurso victimista y conspirativo no solo encubre la realidad de la inseguridad, sino que profundiza la crisis institucional al priorizar la protección del propio poder antes que la protección de los ciudadanos.

Resulta escandaloso que ni siquiera haya habido un gesto mínimo de solidaridad o reconocimiento oficial hacia las familias de las víctimas. La indiferencia de Kicillof, que ni siquiera se comunicó con sus allegados tras este brutal crimen, es el reflejo palpable del abandono estatal. En lugar de promover un Estado eficiente y limitado que garantice la seguridad, el kirchnerismo perpetúa el clientelismo y la incapacidad, reforzando la sensación de abandono en una de las regiones más densamente pobladas y golpeadas por la violencia.

Esta situación no es una casualidad ni un problema menor: es la consecuencia lógica de un sistema donde el Estado se convierte en un aparato político más interesado en conservar su hegemonía que en servir a la sociedad. Frente a ello, el contraste con una propuesta liberal es claro y necesario. Solo un gobierno que entienda la libertad individual, la defensa férrea de la propiedad privada y el uso racional y eficiente del recurso estatal podrá devolver la seguridad y la paz social a los bonaerenses. La exclusiva militarización policial, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y la desburocratización del sistema son herramientas indispensables para recuperar el control.

La seguridad no puede seguir siendo moneda de cambio político ni un espacio para la manipulación mediática. La tragedia de La Matanza reclama respuestas concretas, no distracciones melodramáticas. Es hora de que los bonaerenses exijan un gobierno que deje de fingir, de mentir y de proteger privilegiados para convertirse en un verdadero servidor público. La libertad y la seguridad son derechos innegociables que solo se garantizan con un Estado limitado, eficiente y comprometido con la verdad y la justicia. Por eso, la gente merece más que discursos evasivos; merece un cambio real que restituya la confianza y la paz en cada barrio.