«Narcoterrorismo» e inversiones: la agenda que Washington trae al Palacio San Martín

Christopher Landau y Juan Pablo Segura llegan en una gira regional y se reunirán el jueves a las 14 con el canciller Pablo Quirno. Traen dos carpetas: el Corredor Andes-Atlántico y la cooperación contra lo que los funcionarios estadounidenses llaman «narcoterrorismo». De la letra chica —obras, plazos, montos y cómo va a funcionar la unidad antinarcóticos que se instalará en el país— no se conocen detalles publicados.

Dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos llegan esta semana a la Argentina con la agenda escrita. Christopher Landau, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Juan Pablo Segura, subsecretario adjunto de la misma área, se reunirán el jueves 22 de octubre a las 14 con el canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín. La fecha se conoció el domingo por los canales oficiales de la Casa Rosada. La visita forma parte de una gira regional que va del 19 al 26 de octubre y que empezó en Asunción.

Landau es uno de los responsables del área de la diplomacia estadounidense que cubre América Latina, el Caribe y Canadá, y responde a Marco Rubio. Fue él quien se mostró con Quirno en Nueva York, donde ambos rubricaron el corredor de infraestructura Andes-Atlántico. Lo acompaña Segura, un empresario de origen argentino que asumió como subsecretario adjunto en agosto de este año. El Departamento de Estado anticipó que Landau se reunirá con «altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado»: no es solo una escala protocolar.

Los enviados prevén buscar «maneras de impulsar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en materia de seguridad». El Departamento de Estado, por su parte, encuadró los viajes de Landau como reflejo del «compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro, protegido y próspero». Negocios y seguridad, en la misma carpeta. Javier Milei no participaría del encuentro: la agenda difundida por la vocería presidencial lo pone llegando a España el 21 de octubre.

El punto de partida en Buenos Aires es el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa anunciada el 23 de septiembre en el marco de la Asamblea General de la ONU. Contempla inversiones estadounidenses en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura energética, con Vaca Muerta y la minería como columna vertebral, y está enmarcada de manera explícita en la competencia estratégica de Estados Unidos con China.

Casi un mes después de aquel anuncio, del corredor no se conocen publicadas las obras, las trazas, los plazos ni los montos comprometidos. Lo que hay es un marco político rubricado por dos funcionarios y la intención anunciada por los enviados de «aprovechar el impulso» que habría generado el lanzamiento.

La otra carpeta es la antidrogas. El 5 de octubre el Ministerio de Seguridad Nacional anunció que Estados Unidos aprobó un fondo de USD 13,35 millones y que una unidad regional de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado se instalará en el país. De ese total, USD 7,5 millones se destinarán a proyectos en la Argentina y el resto a «iniciativas regionales». Del funcionamiento de esa unidad, qué tareas tendrá, con qué fuerzas argentinas trabajará y bajo qué control, el anuncio no dio mayores detalles.

Conviene tomar nota de las palabras. Segura, en declaraciones previas al viaje, puso el énfasis en el «narcoterrorismo» como «amenaza a la soberanía de los países». La escala en Asunción está enmarcada en la «contención de la injerencia china», una idea que sostienen los funcionarios de la administración Trump y que en Asunción tiene su máximo exponente en Santiago Peña. Son categorías de los funcionarios estadounidenses, no figuras del derecho argentino: la diferencia importa cuando se discute qué puede hacer una oficina extranjera dentro del país.

Para un lector pampeano esto no es geopolítica de salón. El 30 de septiembre contamos cómo la Justicia Federal identificó en Bahía Blanca al proveedor de la droga de una causa que había empezado en Guatraché, con análisis de teléfonos y comunicaciones a cargo de la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones. Esa es la escala real del problema: cruce de datos, equipos entrenados y plata para sostenerlos. Ahí, y no en el adjetivo, se mide si una cooperación sirve.

Con la infraestructura pasa algo parecido: lo que se ve es lo que tiene expediente. El Belgrano Cargas, que mueve granos, insumos energéticos y minerales, abre las ofertas de su licitación el 11 de noviembre. Y en La Pampa el RIGI ya aprobó USD 550 millones para ampliar el Gasoducto Perito Moreno. Ninguna de esas dos obras fue presentada como parte del corredor, pero muestran la diferencia entre un anuncio y un papel con número de expediente.

Dicho esto, hay que decir lo otro sin vueltas: que la primera potencia del mundo venga a ofrecer trenes, puertos, oleoductos y energía es una buena noticia para un país sin ahorro propio. La infraestructura que la Argentina necesita no se paga con más impuestos sin volver a ahogar al que produce y al que trabaja: la financia capital privado o no se financia.

Pero una gira no es una inversión y un comunicado no es un contrato. Lo que corresponde exigirle al Gobierno no es menos acuerdo: es más publicidad de los papeles. Qué obras, con qué plazos, con qué garantías y a cambio de qué. En seguridad, lo mismo: una oficina extranjera que coopera con fuerzas argentinas necesita un marco escrito, con límites y controles conocidos. Sin letra chica pública, un acuerdo de este tamaño queda colgado de la sintonía personal entre dos gobiernos, y esa sintonía se somete a elecciones: el 5 de noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos.

Quedan dos salvedades. La reunión del jueves todavía no ocurrió y puede terminar con definiciones concretas que despejen buena parte de estas dudas. Y la visita del vicepresidente JD Vance, que desde la Casa Rosada describieron como «una visita regional» y ubican después de las elecciones del 5 de noviembre, sería la primera de un vicepresidente estadounidense desde la de Mike Pence, en abril de 2017: la fecha es todavía un trascendido que la Casa Blanca no confirmó. A los que ya denuncian entrega de soberanía les cabe la pregunta inversa: qué alternativa ofrecen para financiar los puertos, los trenes y los caños que la Argentina no puede pagar con lo que recauda.

El jueves a las 14 el alineamiento con Washington deja de ser discurso y se convierte en reunión. Si de ahí sale un documento con obras, plazos y montos, habrá empezado una inversión. Si sale otro comunicado con adjetivos, habrá empezado otra foto.