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ilustración sobre la independencia judicial y los vínculos políticos de los jueces
La Pampa · 3 min

¿Justicia independiente? El 40% de los jueces en La Pampa tuvo vínculos con el poder

Por Redacción Pampa Liberal

En un país donde la independencia judicial debería ser un pilar inquebrantable del sistema republicano, una investigación reciente revela una realidad incómoda: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas provinciales tuvieron vínculos previos con gobiernos locales o sus funcionarios antes de ser designados. En La Pampa, el 40% de los jueces supremos llegaron al cargo con algún tipo de relación política. Estos datos surgen de una investigación realizada por el Centro de Estudios para la Democracia (CED), que accedió a información pública de las 24 cortes provinciales mediante pedidos formales.

El estudio no se limita a señalar cifras. Expone un patrón sistemático de designaciones judiciales que, lejos de ser excepcionales, parecen formar parte de una lógica institucional donde el poder político influye directamente en la composición del poder judicial. En provincias como La Rioja, San Luis y San Juan, el 100% de los jueces supremos tuvo vínculos con el poder político antes de asumir. En otras como Tucumán, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, el porcentaje supera el 80%. Incluso en distritos con menor incidencia, como Córdoba (33%) o CABA (25%), la tendencia persiste.

Este fenómeno no es menor. La Constitución Nacional establece que el Poder Judicial debe ser independiente, y las cartas magnas provinciales replican ese principio. Sin embargo, cuando los jueces llegan a sus cargos tras haber sido funcionarios, asesores o candidatos de los mismos gobiernos que luego deben controlar, la imparcialidad se vuelve una promesa vacía. En La Pampa, por ejemplo, se identificaron casos de jueces que fueron ministros, legisladores o asesores del Ejecutivo antes de asumir en la Corte. ¿Cómo puede garantizarse justicia cuando quienes deben impartirla han sido parte activa del poder político?

La investigación también revela que en muchas provincias no existe un mecanismo transparente de selección. En 13 distritos, los jueces son elegidos directamente por el gobernador, sin intervención de jurados ni concursos públicos. En otras 11, aunque existen mecanismos formales, los vínculos políticos siguen siendo determinantes. El caso de La Pampa es ilustrativo: aunque hay un Consejo de la Magistratura, su composición y funcionamiento permiten que el Ejecutivo tenga una influencia decisiva.

Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿quién controla a los que deben controlar? Si el poder judicial está colonizado por el poder político, la ciudadanía queda desprotegida. La justicia deja de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta más del oficialismo de turno. Esta situación no solo erosiona la confianza pública, sino que debilita los fundamentos del sistema republicano.

La investigación del CED, basada en pedidos de acceso a la información pública, marca un precedente. Demuestra que es posible auditar el funcionamiento institucional y exigir transparencia. Pero también deja claro que el problema es estructural. No se trata de casos aislados, sino de una cultura política que premia la lealtad partidaria por encima de la idoneidad judicial.

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