Fepamco se niega a ceder privilegios: La batalla por las tasas municipales llega a la Corte Suprema

La Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) protagoniza una resistencia soberbia frente a una resolución nacional que busca eliminar el cobro de tasas municipales y provinciales en las facturas de energía eléctrica. En una disputa judicial que ya tuvo un revés en la Cámara Federal de Bahía Blanca, la entidad ahora apela nada menos que a la Corte Suprema, emblema del poder judicial que muchas veces termina avalando privilegios sin fundamento de entidades aferradas a sus privilegios en detrimento del interés general.

En La Pampa, el sistema eléctrico es una rareza en el mapa argentino: el 98% está en manos de cooperativas como las nucleadas en Fepamco, que además gestionan servicios vitales como alumbrado público, agua potable y saneamiento. Estas cooperativas no son meros intermediarios, sino verdaderos engranajes del funcionamiento cotidiano de nuestras comunidades. Sin embargo, la federación insiste en incluir en las boletas de luz tasas que, aunque legales en sus convenios con municipios, hoy son cuestionadas por un Estado nacional que pretende imponer su criterio centralista y uniformizador, sin entender la realidad particular pampeana. Se impone aquí el choque entre un sistema cooperativo descentralizado que busca eficiencia y autonomía fiscal, y un Estado que, desde el centralismo y la burocracia, quiere cercenar recursos bajo el pretexto de mayor control.

La actitud de Fepamco representa mucho más que una batalla por montos en las facturas: es la defensa de un modelo en donde las decisiones deben emanar de las asambleas de usuarios dueños de las cooperativas, y no de funcionarios distantes y, muchas veces, desconectados de las necesidades reales del territorio. Alegar que el cobro de alumbrado público o tarifas compensadoras es ilegítimo es desconocer la naturaleza misma del servicio que estas cooperativas prestan y cómo se financian. Es una muestra más de que quienes detentan el poder judicial y político prefieren facilitar la captura y el clientelismo en lugar de promover un diseño sostenible y federal del Estado.

Más preocupante aún es el riesgo de que grandes usuarios como el frigorífico de Trenel se sumen a la ola de desregulación, comprando energía directa en el Mercado Eléctrico Mayorista. Cuando la regulación estatal o la ausencia de un marco claro generan inseguridad o distorsionan incentivos, el libre mercado aparece como la respuesta inevitable, pero también deja al descubierto cuánto daño hacen las interferencias estatales mal diseñadas y la falta de respeto hacia modelos locales eficientes.

Esta batalla, además, pone en jaque a municipios y comunidades enteras que dependen de esos recursos para servicios esenciales. El Estado debe garantizar un marco claro, respetando la autonomía local y los modelos descentralizados que han probado ser eficientes, como el cooperativismo eléctrico en La Pampa. En lugar de intervenir arbitrariamente, debería enfocarse en limitar su tamaño a lo estrictamente necesario para garantizar derechos y libertades, dejando que las comunidades gestionen sus propios destinos.

La decisión de la Corte Suprema será un momento clave para poner fin a este enredo burocrático y garantizar que La Pampa preserve un sistema realmente federal y liberador. El ejemplo pampeano debería inspirar a toda Argentina: menos estatismo, menos privilegios mantenidos artificialmente, más libertad para que las comunidades decidan sus prioridades y recursos. En esa dirección, el futuro será más próspero y justo, sin privilegios caducos ni pantallas de clientelismo estatal. Es hora de que el poder judicial deje de defender cotos de poder y se ponga del lado de la libertad, la eficiencia y la descentralización, como único camino para un país verdaderamente federal y libre.