Expropiación millonaria: cómo una votación de 2012 arrastra hoy a Argentina a perder el 51% de YPF
El fallo de la jueza Loretta Preska responde a una demanda de Burford Capital y Eton Park por US$16.100 millones, tras la estatización sin oferta pública decidida en 2012.
En abril de 2012, el Congreso argentino aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de la española Repsol. El proyecto, impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue presentado como un acto de soberanía energética. La ley 26.741 fue sancionada con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. Entre los impulsores se encontraban figuras como María Luz Alonso (PJ), Roberto Robledo (PJ), María Cristina Regazzoli (PJ), Ulises Forte (UCR) y Daniel Kroneberger (UCR).
Trece años después, esa decisión vuelve a sacudir a la Argentina. El lunes, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska ordenó al país entregar ese 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de una sentencia por US$16.100 millones. El fallo responde a una demanda iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park Capital Management, afectados por la estatización sin oferta pública. La jueza instruyó que las acciones clase D, hoy en manos del Estado a través de la ANSES y el Tesoro, sean transferidas en un plazo de 14 días a una cuenta del Bank of New York Mellon.
El gobierno de Javier Milei anunció que apelará “en todas las instancias que correspondan para defender los intereses nacionales”, pero el daño reputacional y financiero ya está hecho. Las acciones de YPF cayeron más de un 5% en Wall Street, mientras que las de Burford se dispararon. El fallo también amenaza con entorpecer el acceso de Argentina a los mercados internacionales y pone en jaque el desarrollo de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional, liderada precisamente por YPF.