Escapes adulterados en Necochea: el plan libertario de multas, secuestros y destrucción

Los concejales de La Libertad Avanza de Necochea quieren multas mucho más altas por ruidos antirreglamentarios, sanciones a los comercios y talleres que venden e instalan escapes libres y la facultad del juez de Faltas de disponer el destino final del vehículo secuestrado, incluida su destrucción. Dicen que ya lo intentaron en 2025 sin conseguir el acompañamiento de los demás bloques; ahora el oficialismo de Nueva Necochea impulsa su propia modificación sobre el mismo tema. Lo que está en juego es más chico y más concreto que una ley nueva: que una prohibición que ya existe se cumpla.

Un escape adulterado no molesta solamente al que lo lleva: lo escucha la cuadra entera. El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Necochea presentó modificaciones a la normativa de ruidos molestos para endurecer las sanciones a quienes circulan con dispositivos preparados para hacer ruido, alcanzar a los comercios y talleres que los venden e instalan, y habilitar el secuestro de las motos en infracción.

El planteo del bloque pone el foco en quien aguanta el ruido, no en quien lo produce. “Una moto con el escape adulterado puede despertar a un barrio entero. Detrás de cada reclamo hay una familia que necesita descansar, una persona mayor que busca tranquilidad o alguien que debe levantarse temprano para trabajar”, señalaron los concejales libertarios.

Lo que piden incorporar:

• Multas mucho más altas para quienes produzcan ruidos antirreglamentarios.
• Prohibición de vender e instalar escapes libres y dispositivos destinados a generar esos ruidos, con sanciones a los comercios y talleres responsables.
• Facultades para que el juez de Faltas pueda ordenar la disposición final inmediata del vehículo secuestrado, incluida su destrucción, mediante una decisión fundada y con las garantías legales correspondientes.
• Secuestro de motos en infracción, tanto en circulación como estacionadas en la vía pública.
• Operativos conjuntos de Tránsito y la Policía bonaerense en zonas conflictivas y en lugares con reclamos reiterados, para detectar infracciones y retirar los vehículos que corresponda.

El punto más duro es el tercero, y por eso vale leerlo completo. La destrucción del vehículo secuestrado no quedaría en manos de un inspector en la calle: exige una decisión fundada del juez de Faltas —el funcionario que resuelve las infracciones municipales— y con las garantías legales correspondientes. Ese requisito es lo que separa una sanción con reglas de un decomiso a dedo.

El otro cambio de fondo es que la sanción sube por la cadena. Hoy el que paga es el que acelera; la propuesta alcanza también a quien vende el dispositivo y al taller que lo coloca, que tienen domicilio fijo y son bastante más fáciles de encontrar que una moto a las dos cuadras.

Conviene precisar qué se discute acá, porque cambia la lectura: el ruido antirreglamentario ya es una infracción. Los libertarios no están pidiendo prohibir algo permitido, sino que esa prohibición tenga consecuencias y que alguien efectivamente salga a controlar.

No es su primer intento, al menos según el propio bloque: “en 2025 presentamos un proyecto para enfrentar este problema, pero no conseguimos el acompañamiento de los demás bloques”, recordaron. Es su versión de lo ocurrido: no consta un rechazo formal ni qué argumentó cada bancada.

El tema volvió al recinto por otra vía. Nueva Necochea, el oficialismo, impulsa su propia modificación sobre el mismo asunto, y su texto precisa qué escapes y dispositivos quedan comprendidos en la prohibición. Son dos iniciativas sobre un mismo problema, no una copia de la otra.

La reacción libertaria fue más práctica que épica: “Hoy, Nueva Necochea impulsa una modificación sobre el mismo tema. Valoramos que se abra esta discusión y vamos a trabajar para que se convierta en una respuesta concreta”, indicaron. Que el oficialismo tome un problema que venía planteando la oposición no es una derrota para nadie; que el expediente duerma sin votarse, sí.

Faltan datos para medir el alcance real: cuánto suben las multas, cómo se define y se mide el ruido antirreglamentario para que la infracción sea verificable y no quede a criterio del inspector, y con qué personal y qué frecuencia se harían los operativos conjuntos. Un régimen severo que no se aplica es el actual con más párrafos.

El interés de fondo es simple: estas ordenanzas definen si el espacio público lo ordena una regla pareja o el que hace más ruido. Es la misma discusión que aparece cuando la diputada Mercedes Llano propone sancionar los insultos en la Cámara de Diputados, y es lo contrario a la costumbre bonaerense de terminar discutiendo de quién es la culpa, como en el cruce entre Axel Kicillof y la Nación por el agua en Carlos Casares. Acá el control es municipal y no hay a quién derivarlo.

Los concejales lo resumieron así: “nuestro propósito es claro, que los vecinos recuperen la tranquilidad y que incumplir tenga consecuencias”.

Ahora hay dos textos sobre la mesa y ninguna excusa para no votar.