Escándalo en el Senado Bonaerense: detuvieron a dos militantes kirchneristas por una secta sexual

Un nuevo escándalo sacude a la política bonaerense. Dos empleados de planta permanente del Senado de la Provincia de Buenos Aires fueron detenidos la semana pasada en el marco de una causa por presuntos delitos sexuales, que según la hipótesis de la Justicia estaría vinculada a una organización con funcionamiento sectario integrada por militantes kirchneristas.

Los arrestados fueron identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos trabajadores de la Legislatura provincial. Silva Muñoz, además, es dirigente de la Secretaría de Género de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional bonaerense. Las detenciones fueron ordenadas por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°4. Los imputados se negaron a declarar.

La investigación se inició en 2015 y, con el paso de los años, sumó al menos seis denunciantes. De acuerdo con el expediente, algunos de los abusos denunciados habrían ocurrido dentro de oficinas del propio Senado bonaerense, un dato que agrava el cuadro institucional y expone el uso del Estado como posible cobertura para prácticas delictivas.

Según la hipótesis fiscal, los acusados integraban una estructura cerrada que funcionaba como una secta, utilizando la militancia política como mecanismo de captación, control y sometimiento de las víctimas. Tanto los detenidos como las denunciantes formaban parte del mismo entramado político, lo que habría facilitado el silencio, la dependencia y la impunidad durante años.

De acuerdo con la causa, Rodríguez y Silva Muñoz tuvieron militancia en la agrupación kirchnerista La Capitana. Los investigadores sostienen que los hechos se produjeron bajo el paraguas de una organización denominada “La Orden de la Luz”, descripta como un grupo con rasgos sectarios. En ese esquema, Rodríguez habría ocupado un rol de liderazgo con características mesiánicas, mientras que Silva Muñoz habría actuado como facilitadora o mediadora dentro del grupo.

Las denunciantes —también militantes kirchneristas— habrían sido captadas a través de tareas de militancia, con promesas de contención política, pertenencia y oportunidades laborales. En algunos casos, esas promesas se habrían materializado con ingresos al Senado bonaerense, aunque bajo condiciones irregulares. Según consta en el expediente, quienes accedían a esos puestos debían entregar parte de su salario para sostener actividades militantes, una práctica que refuerza la hipótesis de un esquema coercitivo y cerrado.

Para la fiscalía, el eje central del caso es la existencia de una relación de poder profundamente desigual, donde la pertenencia política y el acceso a recursos estatales habrían sido utilizados como herramientas de sometimiento. No se trata solo de delitos individuales, sino de un entramado que combina militancia, cargos públicos y abuso de poder.

El caso vuelve a poner bajo la lupa al Senado bonaerense y al sistema de designaciones, controles y responsabilidades dentro de la Legislatura. Mientras la causa avanza, el escándalo deja una pregunta incómoda en el aire: cómo una organización con rasgos sectarios pudo operar durante años dentro de una institución del Estado sin que nadie lo advirtiera —o sin que nadie quisiera hacerlo.

La investigación sigue en curso y promete nuevas derivaciones, en un contexto donde la política bonaerense vuelve a quedar asociada no a la representación democrática, sino a prácticas oscuras amparadas en la militancia y el poder estatal.