El pueblo al banquillo: el proyecto que podría cambiar cómo se juzga en Argentina

La Cámara de Diputados de La Pampa ha dado el primer paso hacia una posible transformación del sistema judicial provincial: comenzó el debate en comisión sobre el proyecto de ley que propone instaurar el juicio por jurados. La iniciativa, presentada por el legislador Hernán Pérez Araujo, busca cumplir con un mandato constitucional largamente postergado y abrir la puerta a una justicia más cercana a la ciudadanía.

Según el proyecto, los casos penales más graves —aquellos cuya pena mínima supera los veinte años— serían juzgados por un grupo de doce ciudadanos titulares y dos suplentes, seleccionados bajo criterios de paridad de género y diversidad. La idea es que personas sin formación jurídica puedan deliberar sobre hechos y culpabilidad, bajo la conducción de un juez profesional. Esta propuesta, que ya se aplica en once provincias del país, se presenta como una herramienta para devolver legitimidad y confianza al sistema judicial.

Pérez Araujo, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, aseguró que se convocará a una amplia gama de actores para enriquecer el debate: magistrados, fiscales, defensores, colegios profesionales, universidades y operadores judiciales. En sus declaraciones, el legislador insistió en que el juicio por jurados representa una forma de romper con el viejo esquema inquisitivo, dominado por discursos académicos y estructuras cerradas, y que su implementación permitiría que la ciudadanía recupere su rol soberano en la administración de justicia.

Sin embargo, aunque el proyecto apunta en la dirección correcta, es necesario advertir que la participación ciudadana no basta por sí sola para garantizar una justicia verdaderamente democrática. Si no se acompaña de una reforma profunda que elimine las zonas grises del sistema judicial —desde la politización de cargos hasta la falta de transparencia en los procesos internos— el riesgo es que esta apertura se convierta en un gesto superficial. Democratizar implica mucho más que sumar voces: exige revisar estructuras, desmantelar privilegios y asegurar independencia real.

La propuesta pampeana puede ser el inicio de una transformación institucional significativa. El juicio por jurados puede acercar la justicia al pueblo. Tal como menciona la diputada Bravo: el objetivo es “democratizar la justicia” y que se escuchen todas las voces involucradas para enriquecer el debate.

Este paso representa una apertura institucional importante. Actualmente, once provincias argentinas ya han aprobado leyes que regulan este sistema. La Pampa se suma al debate en un momento en que la ciudadanía exige instituciones más abiertas, confiables y eficaces.