El gobierno lanzó la licitación de 741 km de rutas nacionales del Corredor Mercosur

El reciente lanzamiento de la licitación para construir 741 kilómetros de rutas nacionales dentro del Corredor Mercosur marca un hito fundamental en la obra pública argentina, y es un triunfo claro del modelo eficiente que impulsa el presidente Javier Milei. Lejos de las viejas prácticas de clientelismo, corrupción y obras a medias financiadas con fondos públicos deficitarios, este nuevo esquema pone en el centro la inversión privada, la competencia transparente y la responsabilidad fiscal.

Durante décadas, nuestro país padeció un sistema vial deteriorado, saturado de contratos opacos y gastos exorbitantes que el Estado absorbía sin rendición de cuentas ni resultados tangibles. La tendinitis burocrática y el gigantismo estatal volvieron las rutas un reflejo impostergable de la decadencia argentina, donde cada peso invertido parecía diluirse en ineficiencias y desviaciones clientelares. Esa era la lógica del estatismo: gastar sin control, postergar el mantenimiento y multiplicar la dependencia de subsidios eternos.

Con Milei al mando de Economía y en coordinación con la Secretaría de Transporte, se ha dado un giro revolucionario. La Red Federal de Concesiones no solo recupera el protagonismo del sector privado en la infraestructura nacional, sino que lo hace con reglas claras, donde la competencia redunda en mejores precios y calidad comprobable. La reciente apertura de ofertas para esta etapa inicial mostró que todas quedaron bajo el tope fijado, demostrando que la eficiencia real surge cuando el mercado se pone a trabajar eliminando burocratización y corrupciones.

Este modelo se financia con líneas de crédito sólidas –como la del Banco de Inversión y Comercio Exterior– y garantiza un repago alineado con el desarrollo económico, no con arbitrariedades presupuestarias. Además, disuelve la vieja idea de obras públicas como botín político y relega al Estado a su papel indispensable: regulador, fiscalizador y facilitador, no ejecutor ni derrochador.

Al poner la obra vial en manos privadas competitivas, Argentina no solo reduce costos, sino que dinamiza la logística, mejora la conectividad y ofrece un horizonte de progreso federal. La inclusión de provincias como La Pampa en la próxima etapa confirma el compromiso con un desarrollo equitativo, basado en incentivos y no en subsidios populosos. Este es el federalismo fiscal que necesitamos: autonomía responsable y cooperación entre privados y gobiernos, no burocratización centralista.

Para salir del estancamiento y la decadencia, el país no puede seguir aferrado a la utopía de un Estado todopoderoso que promete todo y entrega poco. La prueba está al alcance: con inversión privada se consiguen rutas mejores, más rápidas y, sobre todo, sostenibles. No hay milagro, solo libertad económica aplicada con sentido común y reglas claras.

Este avance en infraestructura, inspirado en el liberalismo clásico, es el mejor ejemplo de que volver a crecer depende de menos Estado derrochador y más mercado eficiente. La Argentina que queremos se construye con carreteras pavimentadas por la competencia, no con obras hundidas en favores y sobornos. Que este sea el inicio de una renovación profunda que contagie todos los rincones del país: libertad, propiedad privada y federalismo funcionando al servicio del ciudadano y de la prosperidad genuina.