El Estado exige cuentas: policías deberán devolver millones por equipos extraviados
El organismo dictó dos sentencias contra efectivos policiales por la pérdida de equipos operativos sin documentación que justifique su baja, entre ellos un handy Motorola, un chaleco balístico y un celular Samsung.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa dictó dos sentencias en las que responsabilizó a efectivos de la Policía provincial por la pérdida de equipos operativos, estableciendo que deberán reintegrar al Estado más de 2 millones de pesos. Los fallos se basan en la falta de documentación que justifique el extravío de los elementos asignados, considerados de uso obligatorio y de alto valor patrimonial.
En el primer caso, la Sentencia N° 1659/2025 recayó sobre el comisario Juan Carlos Sánchez, a quien se le atribuyó un perjuicio económico de $2.222.536 por la pérdida de varios equipos, entre ellos un handy Motorola con GPS, un chaleco balístico multiamenaza, accesorios tecnológicos vinculados a una cámara GoPro y otros elementos operativos. El Tribunal consideró que no existía constancia de entrega formal ni documentación que respaldara una baja por desgaste, y que el comisario no presentó pruebas que justificaran la desaparición de los bienes.
En el segundo caso, la Sentencia N° 1718/2025 responsabilizó de manera solidaria a tres agentes policiales por la pérdida de un teléfono celular Samsung A21s, valuado en $215.600. Según el fallo, el equipo había sido entregado para tareas operativas y no se presentó evidencia que explicara su extravío. El Tribunal aplicó el principio de reparación del daño, estableciendo que los funcionarios deben responder patrimonialmente por los bienes públicos bajo su custodia.
Ambas sentencias fijan un plazo de 10 días para que los responsables realicen el depósito correspondiente. En caso de incumplimiento, se dará intervención al Fiscal de Estado para continuar con las acciones legales pertinentes. El organismo de control también señaló que los elementos perdidos son considerados de uso obligatorio, especialmente el chaleco balístico, lo que refuerza la exigencia de responsabilidad administrativa.
Los fallos se enmarcan en la normativa vigente sobre gestión de bienes públicos y control patrimonial, y buscan garantizar la trazabilidad de los recursos asignados a organismos de seguridad. El Tribunal de Cuentas subrayó que la valoración de los equipos se realizó en función de criterios técnicos y administrativos, y que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de preservar el patrimonio estatal.