El Centro Radioncológico de La Pampa vuelve a ser presentado como un hito sanitario inminente. Millones transferidos, técnicos internacionales, anuncios oficiales y promesas de puesta en marcha. Pero detrás de esa narrativa optimista hay un dato que el poder prefiere pasar por alto: este proyecto no empieza hoy. Ya fue lanzado, relanzado, reconvertido y postergado durante más de una década. Y cada nuevo comienzo se apoya en el mismo argumento: “ahora sí”.
El edificio fue construido en 2011 como parte del Plan Nacional de Medicina Nuclear. Pasaron los años sin equipamiento. Luego vino la reconversión, el uso transitorio durante la pandemia, y finalmente el relanzamiento como Centro Radioncológico. Quince años después, La Pampa sigue sin atender pacientes con radioterapia propia. No es una falla técnica: es una historia política de decisiones fragmentadas, falta de planificación sostenida y mecanismos financieros excepcionales que reemplazan a una política pública estructural.
Hoy el proyecto se financia mediante el Fideicomiso Centro Radioncológico del Norte de la Patagonia, administrado por Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M.. No se trata de una empresa marginal ni de un caso aislado. Es la misma fiduciaria que administra una parte sustancial de los grandes proyectos estratégicos de la provincia: el Fideicomiso del Autódromo Provincia de La Pampa, el Fondo de Garantías Pampeanas (FoGaPam), el Fideicomiso de Viviendas La Pampa, el Fideicomiso de Productos Medicinales vinculado al laboratorio de General Pico, el Fideicomiso de la Bodega Pampeana en Casa de Piedra, el de Productos Lácteos Mamúu, el de Logística Hospitalaria y otros fondos destinados a créditos productivos y emprendimientos.
Ese dato es clave. Porque el debate no es este proyecto en particular, sino el esquema repetido: grandes iniciativas públicas canalizadas a través de fideicomisos que concentran decisiones, reducen el control legislativo en tiempo real y trasladan la rendición de cuentas a instancias posteriores, cuando el dinero ya fue ejecutado.
En enero de 2026, el Gobierno provincial transfirió 435 millones de pesos al fideicomiso del Centro Radioncológico. El decreto es público. El monto también. Lo que no es público con el mismo nivel de detalle es cómo se ejecutan esos fondos, qué contrataciones se realizan, bajo qué criterios, con qué mecanismos de control preventivo y con qué información disponible para la ciudadanía. No es una acusación: es una constatación.
Legisladores opositores vienen señalando desde hace años que, una vez que los fondos ingresan a la fiduciaria, el seguimiento efectivo se diluye. La diputada Sandra Fonseca ha sido explícita al describir estos fideicomisos como estructuras que permiten un manejo discrecional del dinero público, con escasa transparencia y mínima participación de la Legislatura. Esas críticas no nacieron con el Centro Radioncológico: atraviesan prácticamente todos los fideicomisos administrados por la empresa.
El caso del laboratorio de medicamentos es ilustrativo: fondos asignados desde 2019, anuncios de producción oncológica, plazos vencidos y un proyecto que aún no produce. El autódromo provincial, por su parte, es reconocido por el propio gobierno como deficitario, pero sostenido con recursos públicos bajo la promesa de derrame económico. La bodega pampeana y Mamúu generaron debates legislativos por la falta de controles claros sobre sus comités ejecutivos. No hay pruebas de corrupción, pero sí una constante: poca información, rendiciones tardías y decisiones concentradas.
El Centro Radioncológico se inserta exactamente en ese mismo esquema. Y eso es lo que debería discutirse con seriedad. Porque cuando un proyecto sanitario crítico depende de un fideicomiso cuestionado por su opacidad, la confianza deja de ser un valor abstracto y pasa a ser una exigencia concreta de transparencia.
El Gobierno sostiene que ahora existe auditoría del Tribunal de Cuentas. Es cierto. Pero ese control es posterior. No evita errores, no corrige desvíos en tiempo real y no reemplaza a la rendición pública y permanente. En otras palabras: el control llega cuando ya no hay vuelta atrás.
No hay pruebas de corrupción. Eso debe decirse sin rodeos. Pero tampoco hay un nivel de apertura acorde a la magnitud de los fondos y a la sensibilidad del servicio que se pretende brindar. Y cuando se combinan antecedentes de proyectos demorados, mecanismos financieros opacos y discursos que piden confianza sin mostrar los números, la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve institucional.
La salud pública necesita inversión.
Pero también necesita transparencia activa, control real y memoria política.
Porque este proyecto ya empezó antes.
Y falló antes.
Y si la única respuesta es volver a poner millones en un fideicomiso sin explicar por qué esta vez sería distinto, el problema no es la crítica.
El problema es insistir en el mismo esquema esperando un resultado diferente.
