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Javier Milei con la motosierra, símbolo de su plan de desregulación estatal
Nacionales · 5 min

Milei vuelve a la carga con la Ley Hojarasca: apunta contra privilegios, entes y regulaciones inútiles

Por Redacción Pampa Liberal

El proyecto, enviado originalmente en octubre de 2024 y archivado en el Senado en abril de 2025, busca depurar un sistema normativo saturado de reglas viejas, duplicadas e inútiles.

El Gobierno de Javier Milei reactivó una de las iniciativas más coherentes con su programa de desregulación: la llamada “Ley Hojarasca”. No es una ley nueva en sentido estricto. El proyecto ya había sido enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024 con las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, pero terminó archivado en el Senado el 25 de abril de 2025. Ahora el oficialismo volvió a ponerlo sobre la mesa como parte de su nueva ofensiva legislativa.

Para entender de qué se trata, conviene salir del chiste fácil. La “Ley Hojarasca” no busca solamente eliminar leyes raras o antiguas para conseguir títulos virales. El corazón del proyecto es otro: depurar un sistema normativo saturado de reglas viejas, duplicadas, inútiles, superadas por otras posteriores o directamente incompatibles con una concepción más moderna de la libertad y del Estado. En los fundamentos, el propio Ejecutivo sostiene que muchas de esas normas generan trámites inútiles, aumentan costos para los ciudadanos o sobreviven por pura inercia jurídica.

Ahí está el verdadero punto político. En la Argentina, el problema no es solo cuánto gasta el Estado. También importa cuánto regula, cuánto interfiere y cuánta basura normativa acumula sin revisión seria. Cada ley innecesaria abre una puerta a la discrecionalidad, a la burocracia o al simple absurdo administrativo. Por eso la propuesta tiene una lógica más profunda que la de una poda estética: intenta limpiar parte del terreno legal sobre el que se montó durante décadas una cultura de intervención permanente.

El proyecto ordena esa limpieza en seis grandes grupos. Primero, normas que fueron absorbidas por leyes posteriores más completas. Segundo, leyes que quedaron viejas por el avance del tiempo, la tecnología o la economía. Tercero, normas que limitan libertades individuales. Cuarto, leyes cuya derogación serviría para avanzar en la desburocratización. Quinto, reglas que remiten a organismos o procesos que ya no existen. Y sexto, disposiciones que sostienen con fondos públicos estructuras del propio sector político o paraestatal. Esa clasificación es importante porque muestra que el Gobierno no presenta la iniciativa como una anécdota, sino como una revisión estructurada del stock normativo argentino.

La parte más vistosa del proyecto es, claro, la de las normas ridículas que siguen formalmente vigentes. Entre los ejemplos citados por el propio texto aparecen una ley que autoriza emisiones de televisión en color, varias normas que obligaban a usar microfilmación para documentos oficiales, y hasta una ley del siglo XIX que premiaba en dinero a quien descubriera una mina de carbón. Vistas hoy, parecen piezas de museo. Pero siguen sirviendo para mostrar algo más serio: el Estado argentino fue acumulando capas de regulación como si nunca tuviera que revisar nada de lo que sanciona.

Hay otro costado todavía más potente: el de las normas que el Gobierno considera directamente restrictivas de la libertad. El proyecto menciona, por ejemplo, la obligación de tramitar un “carnet de mochilero” para viajar a dedo por las rutas argentinas, una exigencia que, según los fundamentos oficiales, habilitaba controles policiales bajo una lógica represiva. También incluye disposiciones que permitían supervisar reuniones en lugares privados y normas de gobiernos de facto sobre difusión de determinada música “argentina”. Ahí la “Ley Hojarasca” deja de ser solo una limpieza administrativa y pasa a ser también una impugnación política a viejas formas de tutela estatal sobre la vida privada.

Después aparece el capítulo de los privilegios y entes sostenidos por el Estado. El proyecto no elimina al Círculo de Legisladores ni a la Federación Argentina de Municipios, pero sí propone cortarles el financiamiento proveniente del Estado nacional. Es un detalle clave. La lógica oficial no es prohibir que existan, sino decirles algo mucho más incómodo: si quieren seguir funcionando, que lo hagan con recursos propios. Esa parte encaja perfecto con la narrativa mileísta de romper cajas, subsidios políticos y estructuras corporativas que sobreviven no por utilidad real, sino por costumbre presupuestaria.

También hay una dimensión de seguridad jurídica que a veces se pierde en el ruido de las redes. Un país con cientos de normas vetustas, superpuestas o inaplicables no es un país más protegido: es un país más confuso. Y cuando el derecho se vuelve una selva, el que gana suele ser el que tiene más poder para interpretarlo, trabarlo o usarlo a conveniencia. Desde esa perspectiva, la “Ley Hojarasca” intenta ordenar el marco legal para que el ciudadano común, la empresa y el inversor enfrenten menos arbitrariedad y menos fricción estatal innecesaria. Ese argumento aparece de forma explícita en el mensaje del proyecto.

Ahora bien, sería un error vender esto como si por sí solo fuera a transformar la economía argentina. Un escéptico tendría razón en marcar que derogar normas insólitas no reemplaza reformas laborales, tributarias o judiciales de fondo. La limpieza normativa suma, pero no resuelve todo. Aun así, despreciarla sería no entender el problema argentino: el país no solo se llenó de gasto, sino también de regulaciones muertas, privilegios enquistados y leyes que nadie se tomó el trabajo de barrer. Milei y Sturzenegger apuestan a convertir esa limpieza en una señal política clara: el Estado no debe estar para acumular normas por inercia, sino para garantizar reglas simples, previsibles y compatibles con la libertad.

En el fondo, la “Ley Hojarasca” discute algo más importante que un puñado de leyes viejas. Discute si la Argentina va a seguir creyendo que gobernar es sumar capas de control, estructuras y formularios, o si por fin empieza a aceptar que muchas veces el primer paso para ordenar un país no es crear más reglas, sino animarse a derogar las que sobran. Y en una nación acostumbrada a conservar privilegios, organismos inútiles y regulaciones absurdas como si fueran patrimonio histórico, esa discusión ya es bastante más revolucionaria de lo que parece.

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