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Accidente laboral fatal en una cloaca durante trabajos de mantenimiento en Santa Rosa
La Pampa · 3 min

Dos obreros muertos, un juicio abreviado y una burocracia sin responsables reales

Por Redacción Pampa Liberal

Ezequiel Iriarte y Claudio Olgado murieron intoxicados con sulfuro de hidrógeno en una boca de registro cloacal de Santa Rosa, y el juicio abreviado dejó una pena en suspenso para el responsable de seguridad.

El trágico fallecimiento de dos obreros en una boca de registro cloacal de Santa Rosa expone una vez más cómo el entramado estatal y sus aliados empresariales fallan a la hora de proteger al trabajador que, paradójicamente, debería ser su principal objetivo. Ezequiel Iriarte y Claudio Olgado murieron en un lugar de trabajo sin la capacitación ni los elementos de protección adecuados, víctimas no solo de un gas letal, sino del desprecio y la negligencia que suele abrazar al sector público y sus contratistas. Este caso evidencia que detrás de cada accidente fatal hay un sistema donde las responsabilidades se diluyen y difícilmente recaen en quien debe, mientras los costos humanos quedan para quienes menos poder tienen.

El juez Gastón Boulenaz aceptó un juicio abreviado para un ingeniero en seguridad e higiene contratado por Vial A S.A., el cual cargará con una pena en suspenso y una inhabilitación prolongada, reconociendo su culpa en la ausencia de capacitación y protección de los obreros. Ese castigo, que a primera vista parece avanzar hacia la justicia, en realidad representa un paliativo al sistema que permitió que dos trabajadores murieran intoxicados por sulfuro de hidrógeno sin máscaras ni protocolos efectivos. El acuerdo exprés entre fiscalía y defensa no solo limita la posibilidad de que se juzgue a otros responsables reales, como el capataz que estuvo imputado pero nunca formalizado, sino que también sirve para cerrar el episodio con una condena simbólica, un intento más de lavar las manos sin afrontar las raíces profundas del problema.

Este suceso no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un Estado que terceriza servicios críticos a empresas afines sin exigir estándares rigurosos, y que luego se desentiende cuando las muertes suceden. Es la muestra palpable de un sistema pesado, burocrático y clientelista en el que la cadena de responsabilidades se extiende demasiado para que las culpas se diluyan en el camino. Los inspectores, los contratistas, la fiscalía, incluso los jueces, terminan siendo piezas de una maquinaria que funciona más para preservar intereses y evitar escándalos que para defender a los trabajadores y garantizar que la seguridad no sea un mero trámite burocrático.

No debemos conformarnos con condenas mínimas y acuerdos judiciales exprés que ciegan las causas profundas. La vida de los obreros importa más que un pacto entre abogados para acelerar procesos o que la simulación de responsabilidades en un sistema donde la eficiencia brilla por su ausencia. Promover un marco de libre competencia y exigir transparencia y castigos reales a quienes incumplan normas de seguridad no solo reduce riesgos, sino que también devuelve dignidad a quienes desean trabajar sin arriesgar su vida.

El caso de Iriarte y Olgado debe ser un llamado de atención para repensar cómo concebimos el Estado y su rol en la protección del trabajador. Solo un modelo que priorice la responsabilidad individual, la competencia efectiva y la reducción del clientelismo burocrático podrá garantizar que los muertos de abajo dejen de ser víctimas olvidadas de un sistema que se escuda en el formalismo para evadir su deber más básico: preservar la vida y libertad de sus ciudadanos. Porque la libertad verdadera también implica trabajar y descansar sin miedo a morir por la negligencia de otros.

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