Cuando el poder golpea: la agresión a Villaggi expone el precio de alzar la voz en Formosa

La tarde del martes 24 de junio de 2025 quedará grabada como un episodio oscuro para la institucionalidad formoseña. Mientras participaba de un evento social en el barrio Lote 111 de la capital provincial, la diputada Agostina Villaggi —representante provincial por la Unión Cívica Radical (UCR)— fue atacada violentamente por una “patota” de al menos 15 personas. El incidente, lejos de ser un hecho aislado, encendió las alarmas sobre el deterioro del clima democrático en la región.

Villaggi, visiblemente consternada tras la agresión, relató con crudeza lo vivido: “Me agarraron del cuello y me tiraron al barro. Me decían ‘rajá de acá’ y me insultaban mientras me arrastraban por el piso. Nunca vi una cosa así”. La legisladora aseguró que los agresores tendrían vínculos directos con el candidato a concejal oficialista Marcelo Sosa y señaló la aparente complicidad de las fuerzas de seguridad, quienes habrían permanecido al margen de los hechos sin intervenir.

Más allá del ataque físico, Villaggi denunció un patrón de hostigamiento hacia opositores en esa zona. Según sus declaraciones, se estaría utilizando la maquinaria estatal —vehículos, punteros y recursos municipales— para intimidar, vigilar y expulsar a referentes no oficialistas. En sus palabras: “No sólo me agredieron a mí. Agredieron la posibilidad de que los ciudadanos puedan escuchar otra voz, otra propuesta. Esto es lo que pasa cuando el poder se concentra y se naturaliza el abuso”.

A las pocas horas del suceso, el Comité Nacional de la UCR publicó un comunicado enérgico, repudiando la agresión y responsabilizando al Poder Ejecutivo de Formosa y al Gobierno Nacional por la falta de garantías mínimas en materia de seguridad y libertad política. “Lo ocurrido en Formosa atenta directamente contra el normal desarrollo de la participación democrática. Exigimos una respuesta institucional clara y urgente”, expresaron. El pronunciamiento también hizo hincapié en la proximidad de los comicios locales, previstos para el 29 de junio, denunciando un “clima de intimidación sistemática” hacia los sectores opositores.

Este incidente no sólo deja una legisladora golpeada y un barrio en silencio, sino también una pregunta resonando con fuerza: ¿Qué tan libres somos cuando el Estado se vuelve juez, parte y policía del debate público? Mientras algunos sectores eligen callar o relativizar lo sucedido, otros alzan la voz para denunciar lo que consideran parte de una cultura del miedo enquistada en ciertos bastiones del poder provincial.

Por eso, más que nunca, se vuelve imprescindible alzar la voz, exigir transparencia y recordar que el poder político debe servir a la ciudadanía, no someterla. La agresión a Villaggi no es sólo una afrenta personal: es un llamado de atención colectivo. Que nadie mire para otro lado.