Cuando el Estado rompe, tú pagas dos veces: el caso que expone el fracaso municipal en Santa Rosa

Cuando el Estado falla, el ciudadano paga dos veces. La reciente condena a la Municipalidad de Santa Rosa por los daños causados por pérdidas en la red de cloacas y desagües no solo revela una infraestructura pública deteriorada, sino que expone el costo real de un modelo estatista que promete servicios universales pero entrega negligencia y perjuicio.

La Cámara de Apelaciones de La Pampa confirmó la responsabilidad del municipio en el caso de J.G.B., propietario de una vivienda ubicada sobre la Avenida Circunvalación Santiago Marzo Este. Su casa sufrió grietas, fisuras y asentamientos por el ingreso de agua subterránea, producto de filtraciones en la red pública. Aunque el tribunal recortó algunas indemnizaciones —como el “daño futuro” y el “lucro cesante”— y redujo honorarios periciales, dejó claro que el origen del problema era la omisión municipal en el mantenimiento de los servicios básicos.

El municipio intentó deslindar responsabilidad, sugiriendo que los daños podían deberse a pozos ciegos antiguos o filtraciones internas. Sin embargo, tres informes técnicos —incluyendo la pericia judicial— coincidieron en que el daño provenía directamente de la red de agua y cloacas. La justicia, tanto en primera como en segunda instancia, entendió que la causa estaba en el mal estado de la infraestructura pública. En otras palabras, el Estado no solo no prestó el servicio adecuadamente, sino que además generó un perjuicio que ahora debe pagar… con dinero del contribuyente.

Este caso es un ejemplo claro del doble castigo que impone el estatismo mal gestionado. Primero, el ciudadano paga impuestos para recibir servicios que deberían ser eficientes, seguros y sostenibles. Segundo, cuando esos servicios fallan —por negligencia, desidia o falta de incentivos— el mismo ciudadano debe asumir los costos del daño: ya sea reparando su vivienda, enfrentando juicios o financiando indemnizaciones a través del presupuesto público. El Estado promete ser el gran protector, pero termina siendo el gran agresor pasivo.

Este fallo judicial no es solo una sentencia legal. Es una advertencia política, económica y moral. El modelo estatista no solo es ineficiente: es costoso, injusto y destructivo. La solución no está en más Estado, sino en mejor gestión, más libertad y más responsabilidad. Porque cuando el Estado falla, el ciudadano no debería pagar dos veces. Debería tener el derecho de exigir, de elegir y de construir un entorno donde su esfuerzo no se vea arruinado por la negligencia de quienes prometen protegerlo.