Crisis laboral en La Pampa: informalidad récord y un gobierno que castiga al que produce
En Santa Rosa-Toay, la informalidad laboral alcanzó un preocupante 35,6% en el primer trimestre de 2024, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). Esta cifra no solo representa un retroceso en términos de calidad de empleo, sino que también revela profundas desigualdades: mientras que el 34,2% de los hombres asalariados no están registrados, en el caso de las mujeres la cifra asciende al 37,2%. La situación es aún más crítica entre los jóvenes, donde la informalidad supera el 58%, dejando en evidencia un sistema que expulsa a quienes recién comienzan su vida laboral. A esto se suma una tasa de desocupación del 9,5% en la región, una de las más altas del país, lo que convierte al aglomerado pampeano en un epicentro de la precariedad.
Pero ¿por qué crece la informalidad en una zona históricamente productiva? Las causas son múltiples, pero hay un patrón claro: el exceso de regulaciones y la presión fiscal asfixiante. Las pequeñas y medianas empresas, que generan más del 70% del empleo privado, enfrentan un entorno hostil para contratar formalmente. Altos costos laborales, cargas impositivas desproporcionadas y una maraña burocrática que desalienta la inversión. En este contexto, muchos emprendedores optan por la informalidad como única vía de supervivencia, y los trabajadores aceptan condiciones precarias ante la falta de alternativas. El resultado: un mercado laboral fragmentado, donde el mérito y el esfuerzo no siempre se traducen en progreso.
Frente a este panorama, la respuesta del gobierno provincial ha sido, cuanto menos, desconcertante. En lugar de aliviar la carga sobre el sector productivo, el gobernador ha propuesto un aumento de impuestos provinciales y tasas municipales. Una medida que, lejos de resolver el problema, amenaza con profundizarlo. Subir impuestos en medio de una recesión y con un tercio de la población trabajando en negro es como echarle nafta al fuego. ¿Qué incentivo tiene un comerciante para blanquear a sus empleados si cada peso declarado se convierte en un nuevo tributo? ¿Cómo se espera que crezca la inversión privada si el Estado se lleva una porción cada vez mayor de los ingresos? La lógica parece invertida: se castiga al que produce y se premia la ineficiencia estatal.
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