Confesó, ocultó el cuerpo y ahora espera juicio: el femicidio que sacudió Monte Nievas
La localidad pampeana de Monte Nievas sigue marcada por el brutal crimen de Raquel Amaya, una mujer de 53 años que fue víctima de abuso sexual y femicidio en su propia vivienda social el 28 de junio de 2024. A más de un año del hecho, la Segunda Circunscripción Judicial con sede en General Pico confirmó que el juicio oral se realizaría entre fines de octubre y principios de noviembre de 2025. El único imputado, Fabricio Borges (48), permanece detenido desde el momento de su confesión en la audiencia de formalización, donde admitió su autoría. La prisión preventiva se mantiene hasta la finalización del proceso.
La causa avanzó con la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, dirigida por el fiscal Guillermo Komarofsky. Borges enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado, figura que contempla agravantes por violencia de género y abuso sexual. Antes del juicio oral, que será presidido por la jueza Jimena Cardoso, se celebrará una audiencia intermedia en agosto, instancia en la que se ofrecerán las pruebas fundamentales del caso.
Los detalles del crimen conmocionaron a la comunidad y evidencian falencias profundas en el sistema de prevención. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, tras una agresión sexual con acceso carnal. Borges intentó ocultar el cuerpo en dos ocasiones antes de entregarse. Las pruebas genéticas encontradas en la escena y en el cuerpo de la víctima son concluyentes, y su confesión refuerza una acusación que apunta a lo más oscuro de la violencia doméstica no denunciada. No se registraban denuncias previas por violencia por parte de Amaya, lo que abre interrogantes sobre la ausencia de mecanismos comunitarios e institucionales de detección temprana.
El caso de Raquel Amaya revela el grado de vulnerabilidad en el que muchas mujeres transitan su cotidianeidad, especialmente en contextos rurales o con limitado acceso a redes de protección. Su historia no puede quedar en el silencio judicial: es necesario preguntarnos qué parte del Estado falló y por qué.
La tragedia de Raquel Amaya no debe repetirse. Recordarla es un acto de justicia, pero también una oportunidad para transformar. Que la defensa de la vida y la libertad no sea patrimonio exclusivo de los slogans: que se convierta en política concreta.