Bukele lo hizo de nuevo: ADN obligatorio para registrar bebés y fin al verso de la paternidad forzada
Mientras en muchos países el registro civil sigue funcionando con relatos, suposiciones o conveniencias, en El Salvador el presidente Nayib Bukele volvió a patear el tablero. A partir de noviembre, todo recién nacido deberá ser inscripto con prueba de ADN obligatoria. Nada de presunciones, ni formularios a ojo, ni padres “de facto”: ahora se inscribe con base en evidencia genética. Y estalló el debate.
La medida forma parte del nuevo Sistema de Verificación Genética, y fue explicada con claridad por el propio Bukele: “No se trata de atacar a nadie, se trata de evitar engaños. Nadie debería asumir una responsabilidad paterna sobre un hijo que no es suyo”. Simple. Directo. Incómodo para algunos sectores, pero contundente para quienes defendemos la verdad como base del orden civil.
En la práctica, esto implica que toda persona que quiera registrar a un hijo deberá confirmar su filiación biológica con una prueba de ADN, una vez que el bebé nace. El objetivo es prevenir fraudes, evitar la suplantación de identidad, y sobre todo, garantizar que la paternidad tenga sustento real y no se construya sobre mentiras legales o manipulaciones emocionales.
📌 ¿Por qué esto es revolucionario? Porque en muchos países, incluida Argentina, todavía existen figuras como la “presunción de paternidad”, donde un hombre puede ser legalmente considerado padre de un hijo sin haber tenido ninguna relación genética, solo por estar casado con la madre. O peor aún: puede ser obligado a pagar alimentos, sostener vínculos legales y cargar con responsabilidades que no le corresponden, todo porque el sistema se niega a mirar los hechos.
Bukele eligió otro camino: el de la verdad objetiva, la responsabilidad y la transparencia. En lugar de seguir alimentando una maraña jurídica basada en interpretaciones subjetivas, puso el foco donde debe estar: en el niño y su derecho a saber quiénes son sus verdaderos padres. Y en el adulto que, si va a asumir una paternidad, lo hará con base en pruebas, no en imposiciones.
Por supuesto, los sectores de siempre salieron al cruce. Organizaciones feministas, ONGs “por los derechos humanos” y voceros del progresismo digital advirtieron que la medida “podría violar la privacidad de las madres” o “estigmatizar” a quienes no quieren revelar al padre biológico. ¿En serio? ¿Estamos dispuestos a aceptar que la privacidad esté por encima de la verdad genética? ¿Vamos a justificar la mentira por miedo a herir sensibilidades ideológicas?
Este debate excede a El Salvador. Nos interpela también a los argentinos. En un país donde el Estado suele decidir por encima de las personas, donde la justicia familiar ha sido capturada por el sesgo ideológico, y donde miles de hombres han sido obligados a asumir hijos que no son suyos, la discusión sobre la paternidad legal vs. paternidad real es urgente.
La medida de Bukele puede gustar o incomodar, pero plantea algo elemental: si el Estado va a intervenir en la asignación de derechos y deberes tan profundos como la paternidad, lo mínimo que debe exigir es la verdad genética. Lo demás es relato.
¿Y si esta política se aplicara en Argentina? ¿Cuántos vínculos forzados, cuántos juicios injustos, cuántas manipulaciones emocionales o económicas quedarían expuestas? ¿Cuánta gente dejaría de usar al sistema como arma y volvería a respetar la verdad como base del derecho?
En un mundo cada vez más relativista, donde todo se negocia, se percibe o se “autodefine”, decisiones como esta no son solo políticas públicas: son actos de coraje. Bukele vuelve a mostrar que se puede gobernar sin pedir permiso a los lobbies ideológicos. Que se puede poner orden desde la cuna. Y que en materia de identidad, no hay nada más progresista que defender la verdad.